domingo, 11 de agosto de 2013

A casi ocho años de  administración “progresista”:


¿Cual es el rumbo pedagógico de la administración del SIRPA?
Ya llevamos  casi ocho años de administraciones “progresistas” en el INAU, y por supuesto como corresponde, también del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que administra y ejecuta las medidas de privación de libertad que a la vez el sistema Judicial Penal Juvenil mandata. En todos estos años, fuimos testigos de marchas y contramarchas del Gobierno, representado en las diferentes administraciones en cuanto a las políticas centrales a llevar adelante en referencia a los jóvenes privados de libertad. Incluso podríamos retrotraernos a antes de la primera administración del Frente Amplio cuando corrían los fines de los años ’90 donde algunos cambios comenzaban a procesarse en el entonces SEMEJI.
Se construyó en una primera etapa “progresista”, a partir del 2005, y se legisló a través del Nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, una política educativa garantista de derechos, que hacía un gran inca pie en lo educativo, lo pedagógico y se dejaba en un segundo plano lo custodial.
¿Que significa esto? Que desde esa época empezaban a tomarse medidas que cambiaban el concepto de adolescente internado, custodiado, castigado, por el concepto de adolescente como sujeto de derecho en proceso de maduración o construcción, y por lo tanto sujeto de la educación también. Se hablaba de la educación en valores, en actividades formativas, en actividades de convivencia y se hizo un esfuerzo en ese sentido de muchos trabajadores, algunos con formación específica, otros sin ella pero con un concepto de vida que desde lo vincular, afectivo y valores de convivencia social incorporados en su aprendizaje vital, aportaban a través del trabajo en equipo.
Eso llevó a una lucha interna conceptual en el seno de los trabajadores de nuestra institución, que no se ha terminado aún en nuestros días, a pesar de los nuevos ingresos, ni de la cantidad de compañeros que se jubilaron, ni siquiera a pesar de que hubo destituciones por no llevar adelante los nuevos paradigmas que la Institución pretendía, por no tener en claro la metodología de trabajo que se pretendía implantar. Y esa lucha interna atraviesa los centros de trabajo, los mandos medios, los responsables políticos institucionales, y hasta nuestra herramienta sindical.
Nadie puede negar esta realidad que se manifiesta a través de la práctica concreta, en la forma de vincularse con los jóvenes y los propios compañeros y la lucha interna por el predominio de una u otra linea de trabajo, que trasuntan escalas de valores, formaciones o falta de ellas, contradicciones que a veces trasvasan las propias concepciones ideológicas que se dicen sustentar.
Que se continúen experiencias, o se creen nuevas que comulguen con una concepción de adolescente privado de libertad como sujeto de derecho y por lo tanto se desarrollen acciones en pro de su desarrollo como hombre en lo mas amplio de su acepción, no significa que debido a circunstancias concretas de una realidad que nos marca que en los centros de privación de libertad del SIRPA existe hacinamiento, alto riesgo para los funcionarios que trabajan en trato directo, pésimas condiciones de trabajo y seguridad, no esté en estos momentos predominando una concepción custodial y represiva anteriormente abandonada por otras administraciones de un mismo gobierno. Esta lucha interna que se da subterráneamente, que no explota pero existe, está mellando también la unidad de los trabajadores. Porque desde nuestro ver y entender, esas diferencias existen y se potencian según la conveniencia oportunista de algunos operadores que bajo cualquier circunstancia pretenden demostrar que el sistema funciona.
Bajo la presión proveniente de los diferentes operadores políticos de la oposición, de la prensa que les es obsecuente, y también desde la interna progresista, el tema de la seguridad pública pasó a ser primordial en la campaña política venidera, y eso influye en nuestra institución de forma determinante. Y es por eso que hoy, lo que hace pocos años predominaba, pasa a ser secundario entre los dos polos de la contradicción histórica existente desde los tiempos que el hoy INAU se construía bajo el rótulo de Consejo del Niño: el joven internado concebido como sujeto de derecho, o como objeto de intervención custodial o por  patología social, cosificado y objeto de custodia y control hasta el tiempo que la justicia disponga. Regresa el fantasma de lo custodial, práctica que  llevó a tantos compañeros acusados de malos tratos a ser destituídos perdiendo de esta forma su fuente de trabajo, y los que corrieron con mas suerte, se los sacó del trato directo al adolescente.
Que no se tomen estas palabras como una defensa a los maltratadores comprobados, pero como integrante de la clase trabajadora, debemos sí por lo menos pedir coherencia a la Institución, y no dejar que como antes, se usen a trabajadores como mata fuegos, para que cuando sea más fuerte la presión de las Instituciones de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, que los propios operadores políticos y las prensa, se corte otra vez el hilo por lo mas fino.
A la vez creemos necesario advertir a los trabajadores que lo nuestro es y debe ser un trabajo especializado en lo educativo. No tenemos el deber bajo ninguna circunstancia de reprimir ni hacer abuso de la  fuerza sobre los adolescentes a cargo de la institución, ni ponernos en riesgo alguno innecesariamente, si pretendemos en algún momento mejorar de una vez por todas nuestras condiciones de trabajo. Para ello es que tenemos en nuestra plataforma reivindicativa, un punto para nosotros esencial, que es la formación permanente de los funcionarios a los efectos de optimizar nuestra tarea, siendo cada vez mas eficaces a la hora de cumplir nuestra función educativa.
Hoy seguimos en la lucha por dirimir esta contradicción que tanto obstruye la unidad. Nuestros enemigos se encargan de ponernos piedras en el camino. ¿De qué forma? Promulgando una Ley en el Parlamento, de creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente separando al SIRPA del INAU. Tomando compañeros con poca formación curricular, lo que genera una falsa contradicción entre los formados y no formados, cuando la contradicción está entre el patrón, (El Directorio de la Institución), y los trabajadores. También pauperizando el empleo contratando trabajadores a término, lo que debilita  a lo largo del tiempo a la organización sindical, e inhibe a muchos trabajadores de unirse a la lucha por una sociedad más justa y solidaria. También, cediendo a esa presión social que clama por seguridad, tomando medidas reaccionarias como la de reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia, incrementando las penas de los llamados delitos graves, de cinco a diez años de internación en el SIRPA, como forma de contrarrestar la iniciativa de los sectores más derechistas de la oligarquía criolla que presentará el plebiscito para que se implante en nuestro país la baja de la imputabilidad a los adolescentes de 18 a 16 años. Tenemos mucho para pensar en estos últimos tiempos. Sólo se ha trabajado sobre la urgencia y eso no está bien. Los nuevos ingresos lo hacen en un escalafón de servicios, el “E”, y son nominados como oficiales, no como instructores o educadores, que pertenecemos al escalafón “D”.
Allá por la administración de Tabaré Vázquez, Cristina Alvarez pretendía transformar a los instructores en educadores; hoy se los transforma en “oficiales”. ¿Tendrá que ver esto con la separación del SIRPA del INAU? Muchas interrogantes quedan en nuestras cabezas; mientras el Sindicato discute con el Directorio del INAU la reestructura institucional, no nos queda claro en qué lugar quedaría el SIRPA.
Todo esto sembró la desconfianza entre los trabajadores, y se instaló una vez más entre nosotros. Tenemos que empezar a tomar acciones que reviertan esta situación, renovando en serio nuestra forma de actuar. La juventud que ha ingresado a la Institución debe asumir mayor participación como única forma de ser protagonistas de la gestión y el control de nuestro sindicato. En esta situación debemos fortalecer las agrupaciones clasistas con independencia de clase real, porque ya estamos en plena discusión en el Parlamento de la última rendición de cuentas del período y nos están imponiendo la reforma del Estatuto del Funcionario Público, y la solidaridad de clase nos obliga a participar en la lucha en contra del mismo aunque a los organismos del ART. 220 aún no nos toque en forma obligatoria, pero bien sabemos que nuestras autoridades estarán facultadas para aplicar todo lo atinente a la Administración Central de todas maneras.

           Jorge Pérez