Nuevos procesamientos de trabajadores en SIRPA.
Otra
vez se corta el hilo por lo más fino.
Los
meses de mayo y junio nos sorprenden con una nueva andanada de medidas contra
los trabajadores, por parte de la institución y del Poder Judicial.
La
justicia, luego de tomar declaraciones a ocho funcionarios, resuelve el
procesamiento de siete compañeros trabajadores del Hogar Sarandí, por la
fuga de trece jóvenes sucedida en dicho Establecimiento.
De
nada sirvieron las argumentaciones de la defensa, ni lo demostrado por la
descripción del cargo de las funciones que los compañeros desempeñan en su
trabajo y que es el de Educador, aunque se lo designe por incoherencias
institucionales como Instructor V, grado 2 o 6 según el tiempo de trabajo en la
institución, Escalafón “D”. La función de Educador, es incompatible con la de
cuidador o carcelero y no es culpa de los trabajadores, sino de las autoridades
y de la falta de recursos humanos y materiales en que está sumido el INAU, que
sean obligados a la polifuncionalidad los funcionarios que responsablemente
toman los turnos día tras día.
Nosotros
nos apegamos a la descripción del cargo de Educador, que en ningún aspecto hace
referencia a que la custodia en el sentido de guardia cárcel forma parte de la
función que debe cumplir un trabajador afectado a la educación en el cotidiano
de un hogar.
Pesaron
mucho más las declaraciones condenatorias hachas en la prensa de la Senadora
Lucía Topolansky, y las declaraciones del Presidente del INAU Javier
Salsamendi, (que sirvieron de fundamentación para el procesamiento de los
compañeros), que el sentido común y una lectura correcta de la realidad
institucional que todos sabemos existe, y que los mandos medios callan para
preservar sus cargos dados a dedo en la gran mayoría de los casos.
Indudablemente,
la decisión del procesamiento sin prisión de los compañeros del “Hogar” Sarandí
obedece a la presión política ejercida, y nos expone a todos los trabajadores
del SIRPA y de todo el INAU, a sufrir
situaciones similares ante cualquier incidente a los que estamos expuestos
permanentemente en nuestro trabajo.
Los
partidos tradicionales hacen gárgaras con la baja de la imputabilidad, o el
aumento de las penas a 10 años a menores de 18 años, tomando como bandera
electoral el tema de la seguridad ciudadana, armando un contexto más virtual que real, a pesar de reconocer la
violencia de algunos delitos que la prensa grande se encarga muy bien de sobre
dimensionar para crear en el imaginario social, la idea que cada joven es un
sospechoso de cometer delitos, o un permanente infractor irrecuperable.
Este
Gobierno penaliza la pobreza, la lucha de los trabajadores y las
imposibilidades de cumplir bien una función por parte de trabajadores que están
permanentemente trabajando bajo presión, con carencia de recursos humanos y
materiales, y con hacinamiento infrahumano de jóvenes internados desde hace ya
demasiado tiempo.
Este
tipo de situaciones, nos lleva a reafirmar nuestra desconfianza en un organismo
que vemos clasista, que no es igual para todos y desenmascara la esencia del
poder burgués y sus instituciones de coacción y represión, entre las cuales se
encuentra el poder que debe administrar justicia en nuestro país y lo hace de
manera selectiva.
Hay
elementos que la justicia no tomó en cuenta, y qué casualidad, justamente no
encuentra responsabilidad en las autoridades que son las que dieron las ordenes
de implantar un sistema de trabajo que lo hace más inseguro para los
trabajadores e incluso hacía imposible la realización de las tareas de contención
que se les adjudican. Falta de experiencia de los mandos de entonces, junto a
la falta de sentido común demostradas por los mismos, armaron tal vez
inconscientemente un contexto de inseguridad mayor al que siempre tuvo el Hogar
Sarandí, e imposibilitaron toda medida de previsión y observación certera, de
lo que estaba aconteciendo en momentos de las fugas, por parte de los funcionarios
también con poca o ninguna experiencia en sistemas de seguridad.
Pero
más allá de los hechos ocurridos en sí, queda demostrado una vez más lo que
está pasando en el SIRPA. Queda al
descubierto que si bien se han bajado las fugas en el sistema, esto no se debe (como
muchos dicen o quieren hacer ver), a que ha mejorado la gestión con esta nueva administración, sino a un
sobre esfuerzo de los trabajadores. Seguimos aún con los edificios derruidos en
Colonia Berro y muy poco se ha construido a pesar de los refuerzos
presupuestales y de otra índole que el INAU ha recibido por parte del Poder
Ejecutivo. Continuamos con el hacinamiento de jóvenes, que cada vez se
incrementa mas y mas. Se sigue trabajando deficientemente con el tratamiento de
la niñez y la adolescencia en riesgo; se habla de sus derechos y eso queda en
el papel y la palabra, porque siguen siendo permanentemente vulnerados en la
práctica cotidiana.
Se
retrocede hacia el paradigma de lo custodial y punitivo, dejando en un segundo
plano las prácticas educativas, pero todo también improvisado, sin recursos
materiales y humanos necesarios que permitan la configuración de un sistema
seguro de trabajo que posibilite
intervenir pensando en la reinserción social de los jóvenes privados de
libertad, o en situación de riesgo social.
Todo
esto suma para que las condiciones de
trabajo sigan siendo paupérrimas, a lo
que se le agrega ahora, que trabajamos con la “espada de Damocles” sobre
nuestras cabezas. Eso fue comprendido por los trabajadores que participamos en
la Asamblea y movilización del día jueves catorce, en donde se efectuó una gran
demostración de solidaridad con los compañeros, bronca por el procesamiento de
trabajadores lo que consideramos de extrema injusticia, y también una
demostración hacia las autoridades del INAU, de que los trabajadores estamos de
pie y decididos a defender nuestros derechos y nuestras fuentes de trabajo.
¡Arriba
los que luchan!
¡Abajo
los que entregan!
Jorge Pérez.