lunes, 29 de enero de 2024

Plebiscito por reforma constitucional en defensa de la Seguridad Social.

La gran batalla popular del 2024.

El pueblo trabajador enfrenta una gran lucha en el 2024, en defensa de las nuevas generaciones y sus derechos. La calidad de vida de nuestros hijos y nuestros nietos está amenazada por la reforma de la previsión social implementada por el gobierno multicolor de derecha y ultra derecha, vendida al capital financiero imperialista.

Mas años de trabajo en un contexto de dificultades para encontrar empleo y salarios dignos, recorte en las tasas de reemplazo y recorte de los años para disfrutar de la jubilación al final de la vida de los asalariados, en el marco de una política económica neo liberal de la derecha y la ultra derecha, que aumenta la súper explotación del pueblo trabajador. A esto se le suma el robo al bolsillo de las clases populares que significa la universalización de las afiliaciones obligatorias a las AFAPS para las generaciones venideras.

En este panorama que se nos presenta, nos ponemos al frente de la lucha por el plebiscito de reforma constitucional que derogue las AFAPs, aumente los mínimos jubilatorios al monto de los salarios mínimos nacionales, y no permita aumentar obligatoriamente la edad de 60 a 65 años para obtener los derechos a jubilarse de los trabajadores. En este sentido, desde el comienzo de la recolección de firmas nos encontramos abocados a llevar adelante esta lucha junto al MONDESS y los trabajadores de ATSS.

En Joaquín Suárez, se están realizando jornadas de levantamiento de firmas para lograr el plebiscito, y en el marco de esta lucha se realiza en el Club de Abuelos de la ciudad, el sábado 3 de febrero a las 18 horas, una actividad donde participan compañeros de la Asociación de trabajadores de la Seguridad Social y del MONDESS, explicando lo nefasto que resultaron las AFAPs para el bolsillo de los trabajadores, lo que significa el aumento de la edad jubilatoria sobre todo para los trabajos insalubres y de alta exposición a situaciones de riesgo, y el beneficio que significa equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional.

Las serias dificultades que tiene la temporada veraniega para juntar voluntades en la zona que trabajamos, no impidió que un grupo de compañeros nos abocáramos a la tarea de difundir el tema, juntar firmas y realizar esta actividad, siendo conscientes de que es la principal lucha que debemos encarar la clase trabajadora y el pueblo en este año pre electoral.

Llegar a las firmas a presentar en abril ante la corte electoral, y poner la papeleta a favor del plebiscito sobre la seguridad social en octubre, es el principal objetivo.

¡Defender a la vez este mecanismo de democracia directa, que es el  método más avanzado de lucha en estos momentos!


 

Plebiscito: mecanismo de democracia directa que permite al pueblo corregir el rumbo del gobierno antipopular en ciertos aspectos.

 

El gobierno oligárquico y pro imperialista de la coalición multicolor, con su aparato propagandístico dando la lata durante estos últimos cuatro años, mediante la compra de los grandes medios de comunicación masiva de nuestro país, quiere imponer la idea de que la democracia burguesa representativa es el mejor de los mundos posibles.

El plebiscito, y los referéndums, son mecanismos de democracia directa, que son amparados por nuestra constitución de la república, y que justamente, en el contexto de un país dependiente de capitalismo atrasado como el nuestro, permite al pueblo la expresión de sus desacuerdos con un gobierno electo, además de revertir situaciones perjudiciales para sus intereses, en caso de la promulgación de leyes que lesionan la calidad de vida de amplios sectores de la población. Tal es el caso de la reforma jubilatoria pergeniada por el gobierno de derecha y ultraderecha que nos gobierna hoy, y la implantación de las AFAPs desde el año 1996.

Por lo tanto, es de principal importancia para la clase trabajadora y el pueblo, llegar a las firmas necesarias en abril, que permitan la realización de este plebiscito en octubre.

Bien sabemos que  hay representantes del progresismo que dividen el campo popular en esta lucha. El oportunismo dividió las aguas en su propio seno, evaluando de forma diferente la cuestión de luchar en contra de las administradoras de fondos previsionales.

El campo de los trabajadores asalariados quedó también dividido bajo la influencia de la dirigencia reformista, pero las bases están ya desde hace un tiempo, tomando sus propias decisiones y cada vez más se vuelcan a apoyar la campaña por las firmas.

Los trabajadores de ATSS, el MONDESS, los sindicatos que conforman el llamado grupo de los ocho, lograron el pronunciamiento de  la Convención Nacional de Trabajadores, (PIT_CNT) a favor de dar esta lucha y fue un gran avance y acumulación de fuerzas para el campo popular que desea los cambios profundos que el país necesita para avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria.

                                                                                    
Jorge Pérez.

 

 

 

 

 

 

martes, 26 de octubre de 2021

Compañeros y  compañeras, vecinos de Canelones.

En medio de una avanzada reaccionaria de la derecha y ultraderecha representada en la coalición multicolor, que se prepara hacia el 2024 para formar coalición también en Canelones, debemos prepararnos más temprano que tarde para dar batalla  defendiendo los intereses de la clase trabajadora y el pueblo, que fueron dejados de lado también por el progresismo hoy gobernante en  el departamento. Los trabajadores asalariados, los pequeños y medianos productores, artesanos, pequeños emprendedores de la ciudad y el campo, son aquellos que necesitan organizarse para construir un futuro promisorio, donde la defensa del trabajo y la producción nacional sean el centro de la lucha por un desarrollo integral del departamento y sus habitantes. En esa instancia debe estar la Unidad Popular con su programa revolucionario por un Uruguay más justo y solidario.

 Durante el gobierno del Frente Amplio, se ejerció una política continuista. Se reafirmó el compromiso con el FMI y los organismos internacionales controlados por el imperialismo. Se pagó sistemáticamente la oprobiosa, usuraria e ilegítima deuda externa. Hubo una concentración y extranjerización de la economía gigantesca, en la tierra, los monocultivos forestal y sojero, los frigoríficos, las curtiembres, la cerveza, el arroz, el gas, la banca, el comercio, las cadenas de supermercados, el sector financiero, etc. No hubo un salariazo acorde a las necesidades de los/as trabajadores/as y el pueblo, mientras se mantuvieron las exenciones impositivas a los monopolios inversores.

En conclusión, se ajustó a la división internacional del trabajo imperialista, por lo que agravó la reprimarización de la economía y la desindustrialización. En esencia, esta política continuista estuvo al servicio de la oligarquía, del capital financiero, de la gran burguesía intermediaria y del imperialismo. Y como consecuencia de la crisis económica y social generada por esta política, amplios sectores populares a la hora de votar canalizaron su disconformidad para abrirle paso a la derecha y ultraderecha con componentes fascistas, integrada por un partido militar, en cuyo seno hay elementos que intervinieron en la dictadura.

La crisis económica capitalista-imperialista internacional, potenciada por la pandemia, se vio agudizada en nuestro país por la crisis sanitaria iniciada en marzo de 2020. A través de un brutal ajuste, el gobierno claramente busca que la crisis la paguemos la clase trabajadora y el pueblo. En 2020 ahorró U$S 660 millones.

Así, creció la cantidad de personas desocupadas y enviadas al seguro de paro, actualmente 185.000 y 70.000 respectivamente. Desde el inicio de la pandemia hasta julio de 2021, hay 50.000 desocupados/as más.

A esto se suma un elemento central de este gobierno antipopular: la rebaja salarial. De no revertir la ley de presupuesto votada el año pasado, las/os funcionarias/os públicos estiran la rebaja salarial hasta 2024 por lo menos. En el caso del sector privado, el Ministerio de Trabajo presentó las pautas para la nueva ronda. Plantea acuerdos a dos años para los sectores con “menos problemas”, con ajustes semestrales por inflación futura y cierta recuperación de lo perdido en el “acuerdo puente” 2020, en total 2,5%. Para los sectores “con más problemas” los acuerdos serían más cortos, a un año, y con un nuevo “puente”, solo con un aumento nominal del 3% en enero, mientras la inflación supera el 7%. A menos que se lo arranquemos con lucha, el gobierno y las cámaras empresariales no están dispuestos a incrementar para recuperar la rebaja salarial del 2020 ni mucho menos reforzar los salarios más sumergidos. Urge exigir la recuperación del salario perdido en 2020 y que se ajuste por el 100% de la inflación pasada como base.

En materia salarial, cabe mencionar que en 2020 el gobierno dispuso la quita compulsiva a salarios de más de $80.000 en el ámbito público, cuando la canasta básica familiar supera ese monto, buscando enfrentar a las/os trabajadoras/es entre sí en lugar de quitarle a los ricos del Uruguay. Posteriormente, modificó el criterio de la base de cálculo de los de por sí nefastos IRPF e IASS: para ahorrar, le convino más ajustar la BPC por el Índice Medio de Salarios que por inflación.

El costo de la vida ha aumentado drásticamente. La canasta hoy vale $100.000. Además, el gobierno ha aplicado tarifazos, con aumento del precio del combustible y suba del precio de la garrafa en pleno invierno, a la vez que la Intendencia de Montevideo ha subido el boleto.

Decimos que es el gobierno del hambre: 140.000 personas comen en ollas y merenderos populares (a diciembre 2020). La solidaridad popular fue protagonista: sindicatos, gremios, organizaciones barriales y territoriales, colectivos feministas, etc. tendieron las redes para intentar asegurar el plato de comida o una canasta a los hogares más pobres.

El gobierno desoyó las recomendaciones de colectivos médicos y científicos para enfrentar la pandemia. Fue de los que menos invirtió en combatirla, no generó subsidios para trabajadoras/es cuentapropistas, artesanos/as, vendedoras/es ambulantes...

 

En este contexto, la Unidad Popular debe transformarse en la herramienta política de los más desposeídos, de la gente de trabajo, de la juventud postergada, de las mujeres trabajadoras, de los obreros y estudiantes que hoy sufren la crisis económica profundizada por la pandemia y las medidas tomadas por este gobierno que dejó a cientos de miles de mujeres y hombres de la clase trabajadora en la pobreza más indignante.

 

Estamos reorganizando a nuestra fuerza política en Canelones. Llevamos varias reuniones con la conformación del Coordinador de UP en Canelones, y debemos incorporar a la lucha a todos los militantes del departamento y a todos los hombres y mujeres que se ven golpeados por esta crisis que acarrea el sistema, caracterizada por el aumento del desempleo, la rebaja salarial, la poca inversión en salud, educación pública y la amenaza de una reforma jubilatoria que aumenta la edad de retiro y rebaja el monto de las jubilaciones de las próximas generaciones, así como universaliza el sistema de las AFAPS a todos los trabajadores, aún aquellos que tienen un ingreso mínimo, desfinanciando aún más al BPS favoreciendo a los especuladores privados.

Es de suma importancia para nuestro desarrollo, estar apoyando todas las luchas de los trabajadores. La batalla por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, donde la clase trabajadora y el pueblo obtuvieron más de 800 mil firmas para lograr el referéndum tiene en estos momentos gran importancia, porque allí están las masas trabajadoras. Nos hubiese gustado derogar toda la Ley, pero no es poco haber logrado en este contexto donde predomina el reformismo progresista  en el movimiento popular, haber logrado la movilización en un frente anti LUC que llevó a que miles de uruguayos comenzaran a comprender el sentido de esta ley reaccionaria que atenta contra muchos intereses de la clase trabajadora, además de tomar conciencia de cómo se está gobernando en favor de la concentración de la riqueza en pocas manos, y como se desmantela el aparato productivo estatal en beneficio de las multinacionales imperialistas y de los privados en nuestro país.

Sabemos que el progresismo oportunista no tiene la solución a los problemas de la gente de trabajo. Por eso ponemos en la Unidad Popular toda la fuerza para  llevar su programa a todos los lugares del departamento canario.

Quedamos en el compromiso de trabajar organizados para el desarrollo de la fuerza política que seguramente luchará por siempre por la pública felicidad.

                                       
Unidad Popular Canelones.

 

viernes, 17 de septiembre de 2021

 

La seguridad ciudadana y los engaños de la LUC.

Conversando con vecinos de la ciudad de Suárez, departamento de Canelones, llegamos a descubrir en algo, por qué  muchos uruguayos llegan a apoyar la Ley de Urgente Consideración, teniendo la intención de no votar la derogación de los 135 artículos presentados en el referéndum, aún en contra de sus intereses económicos y en contra de sus propios derechos.

Existe una gran preocupación de los ciudadanos por el tema de la seguridad. No sienten que se esté viviendo en un contexto seguro en medio del incremento de delitos a la propiedad, hurtos y  rapiñas en la zona, aunque las cifras oficiales manden el discurso televisivo de que se bajan las cifras de dichos hurtos, rapiñas, homicidios femicidios, etc.

En la zona mencionada, más allá de que esa baja de delitos de que habla el Ministro del Interior, se ven desmentidas por la propia realidad, se da el caso que los mismos operadores de la coalición multicolor, (candidatos a alcaldes, militantes nacionalistas, concejales canarios), se encuentran abocados a infundir el miedo en la población destacando el incremento de delitos que se comenten en el departamento, agitando el fantasma de la inseguridad a los efectos de hacer propaganda a favor de la LUC.

Charlando con vecinas/os en la feria del lugar, quedó al descubierto que hay personas que apoyarían la LUC porque habilitaría los allanamientos nocturnos, evidente falacia generada por quien sabe que operador multicolor, pero que hace llegar ese tipo de mensaje a la población, sabiendo que no existe artículo alguno en la Ley mencionada que habilite tal cosa, porque además sería inconstitucional. El caso es que de alguna forma esa idea está plasmada en el imaginario social de los habitantes Suareños, y es parte del relato de quienes dudarían de apoyar la derogación de los 135 artículos.

Por el contrario, no hace a la argumentación de los que promueven mantener toda la LUC como está, el hecho de que existen artículos que refieren a la vivienda, donde se explicita que una familia que alquila una vivienda, puede ser desalojada en treinta días aunque sea buena pagadora, y en diez días si tiene morosidad con el pago del alquiler.

Tampoco esos vecinos manejaban la información de que gracias a los artículos de la LUC que se refieren a los combustibles, es que se permite que el gobierno pueda aumentar las naftas y el gas- oíl cada treinta o sesenta días, lo que puede llevar a un aumento aún mayor de los precios de la canasta familiar, con terribles consecuencias para la vida de la clase trabajadora.

Más allá de la pérdida de derechos que conllevan los propios artículos sobre seguridad ciudadana, donde en cualquier momento y sin importar si están en un procedimiento policial o no, una persona pueda ser cacheada, revisada ella y sus pertenencias, por la simple presunción de un efectivo policial, de que pueda llegar a cometer delito. Además de que esta Ley ataca directamente a las organizaciones sindicales y sociales que tienen la necesidad de movilizarse en defensa de sus derechos como el salario, el trabajo, en contra de la carestía y en contra de la propia represión del Estado, derechos consagrados en la Constitución.

Debemos estar alerta y combatir con nuestra propaganda, toda esta sarta de mentiras que se van introduciendo en la discusión hacia el referéndum en contra de los artículos más retrógrados de la Ley de Urgente Consideración.

En cuanto a los últimos acontecimientos acontecidos en diferentes cárceles el país, y en custodias que la policía debía tener sobre personas que estaban en conflicto con la ley penal, se demuestran una vez más la falacia esgrimida por las autoridades del Ministerio del Interior, en cuanto que la LUC permite un mejor desempeño de la policía para custodiar la seguridad ciudadana y reprimir el delito.

Tres fugas en los últimos dos meses, homicidios todas las semanas, rapiñas en pleno día y a una cuadra de la comisaría como el caso que se dio cercano a la seccional 15ª de Montevideo en estos días desmienten las argumentaciones del oficialismo en defensa de la LUC.

La mejor decisión que pueden tener los ciudadanos de a pie en referencia al próximo referéndum, y no equivocarse en el camino a tomar, es la lectura de los 135 artículos puestos a consideración de la ciudadanía para poderlos derogar.

La realidad está desmintiendo al oficialismo a cada momento. Los artículos represivos incluidos en la Ley de Urgente Consideración apuntan  a la represión de la movilización popular, la ocupación de los lugares de trabajo como extensión del derecho de huelga, para de esta manera, asegurar que las rebajas salariales que se vienen dando a nivel de públicos y privados, el deterioro de las condiciones de trabajo y el  recorte de derechos de los trabajadores tenga la menor resistencia posible.

La gran movilización popular del 15 de setiembre que contó con decenas de miles de trabajadores de la ciudad y el campo, demuestra que en Uruguay existen condiciones de lucha para pararle la mano a este gobierno multicolor en las medidas económicas reaccionarias que viene llevando adelante.

                                                               
                                                                        Jorge Pérez.