miércoles, 28 de diciembre de 2016

Declaración de la CSC sobre la imposición de las PPP en la educación por parte del gobierno
En consideración de la última conferencia de prensa del gobierno de Tabaré Vázquez, en la que Álvaro García, Director de la OPP, anunció que “las PPP en la educación no tienen marcha atrás”, planteándose como innegociable, sin que esté propuesto para la discusión bajo ninguna circunstancia; es que entendemos a las claras la utilización de este instrumento privatizador, denominado eufemísticamente “participación público-privada”, como el cumplimiento de un mandado más a los organismos internacionales de crédito (FMI, BID, Banco Mundial), que han generalizado en la región este mecanismo privatizador. El gobierno reafirma así, también en la educación, su política pro-imperialista y continuista del neoliberalismo de la derecha tradicional.
Se harían 440 obras por PPP en la educación y ya al día de hoy abundan las tercerizaciones, sobre todo en puestos de gestión y servicios. Actualmente estudiantes y sindicatos, que han conformado el Movimiento Todos por el Clínicas contra las PPP, del que forma parte nuestra Corriente, están en plena lucha contra la implementación de este instrumento en el Hospital Universitario, se ha demostrado que no genera ninguna solución que favorezca realmente a usuarios y funcionarios, sino que trae consigo contratos a 30 años en los que el Estado les paga a las empresas que hacen las obras, beneficiando a las mismas, tal como lo establece la Ley 18.876, aprobada en 2011. A esto se suma su aplicación en la cárcel de Punta de Rieles, en la energía eólica, en obras viales como en AFE y en la construcción de rutas y puentes.
Todos estos casos de aplicación de las PPP en varias áreas del Estado se enmarcan en una misma política del gobierno: privatizar los servicios públicos, desmantelarlos, entregándolos a las empresas privadas, sobre todo a monopolios imperialistas, los que obviamente no se interesan por la educación y la salud del pueblo, sino solo para garantizar negocios sumamente lucrativos al capital, en momentos de crisis, pues el gobierno en nombre del país les sale de garantía para los préstamos, les paga abultados cánones y de yapa los beneficia con las exoneraciones tributarias. Esto está ligado al achique del gasto público, pues la plata que educación y salud necesitan se va en el pago de la oprobiosa deuda externa y las exoneraciones fiscales al gran capital. Se trata de la receta neoliberal para salir de la crisis económica, cuyos costos una vez más recaen sobre nuestro pueblo. En esta dirección está también la firma de tratados de libre comercio por parte del gobierno (con Chile, Mercosur, Unión Europea, China); estos tratados, que arruinan la industria nacional, impulsan las PPP.
Por lo expuesto, desde la CSC llamamos a unificar las luchas de los sindicatos contra esta medida y rechazamos la aplicación de las PPP en la educación, entendiendo que estas son parte de una política privatizadora y entreguista del gobierno, que en vez de designar el justo 6 % del PBI para ANEP y UdelaR, le abre un negocio a los capitales especuladores y saqueadores, agudizando nuestra dependencia y perdiendo soberanía.
¡¡No a las PPP!!
¡¡6 % para ANEP y UDELAR ya!!
¡¡Defendamos la educación, la salud y las empresas públicas, contra las privatizaciones del gobierno!!
¡¡A unificar las luchas para que la crisis no la pague el pueblo!!
Corriente Sindical Clasista
Corriente Sindical Clasista
Declaración ante un nuevo tarifazo del gobierno
Dejamos un 2016 de desempleo, rebaja salarial, aumento del precio del boleto, inflación en general… y una vez más recibimos el año nuevo con anuncios nada alentadores. El Ministerio de Economía y Finanzas Danilo Astori, junto a Álvaro García de la OPP y los presidentes de las empresas públicas, anunció un nuevo tarifazo a partir del 1° de enero del 2017. Se trata de un 7,5% en el caso de UTE, 8% en ANCAP y ANTEL y 8,2% en OSE, sumándose en este último caso un incremento complementario adicional de 7,3% sobre el cargo fijo según la capacidad de consumo del cliente. Este tarifazo implicará sangrar al pueblo en cientos de millones de dólares más e inevitablemente generará más inflación.
En el caso de la energía, como lo denuncia AUTE, esta política “…subsidia a los grandes consumidores y le garantiza rentabilidades increíbles a los capitales privados que le hincaron el diente a la energía eléctrica”. Es que el gobierno, en el marco de las exoneraciones tributarias al gran capital, reduce la tarifa que pagan los monopolios imperialistas, por ejemplo: UPM, que pretende instalar una tercera de planta de celulosa, que además provocará graves impactos socioambientales ya denunciados. Y a su vez, la generación de energía se está privatizando, así lo muestran el desmantelamiento progresivo de la Central Batlle, la construcción de la planta de generación térmica de ciclo combinado por parte del monopolio imperialista surcoreano Hyundai y el negocio suculento de los parques eólicos de capitales privados, incluyendo a monopolios imperialistas yanquis, holandeses, españoles… y a grandes burgueses locales como el Grupo Fernández, que fundió Fripur y dejó a mil familias sin empleo. UTE se comprometió a comprarle la energía a estos grandes capitales a 20 años por un precio fijo en dólares, siendo más de diez veces más caro, y lo debe hacer aunque pueda generar la energía suficiente en las represas hidroeléctricas, como de hecho está sucediendo.
Por otra parte, para ANCAP, el gobierno basa sus explicaciones en un futuro incremento del precio del petróleo, en los gastos de instalación de una parada de mantenimiento de la refinería en 2017 y en el pago de la deuda en dólares, que a su vez será mayor por la suba del valor de esa moneda. Pueden decorar cómo quieran su discurso, pero lo que no quieren recordar es la brutal crisis de ANCAP que llegó a un déficit de 800 millones de dólares, responsabilidad de este gobierno y de los anteriores. Además, durante los últimos años se embolsaron decenas de millones de dólares gracias a mantener el precio del combustible cuando se desplomaba el precio internacional del petróleo, ahora sube algo el precio internacional del petróleo y enseguida aumenta el del combustible, con claro fin recaudatorio.
En OSE, el tarifazo no solo es un problema de mala gestión. Para comprender eso hay que considerar algunas perlas de un lago rosario. Una de esas perlas la constituyen las pérdidas tanto comerciales como físicas de agua (relación entre el agua elevada y el agua facturada), sumadas fluctúa entre el 52% y el 53%, que demuestra la falta de inversión en los lugares claves del organismo, lo que redunda en una mala gestión y que los usuarios a través de la tarifa pagamos. Otra perla es la de las tercerizaciones, que pretenden simular una reducción de personal pero que a la corta generan graves problemas para el organismo de gestión, sumado a mayores costos de administración y control. Por otro lado, esto conlleva que las empresas tercerizadas suministradoras de personal, se disputen el personal tercerizado que ya está trabajando en OSE, aprovechando el conocimiento e instrucción que tienen sin invertir un peso; además de violentar derechos de los trabajadores como, por ejemplo, desconociendo su antigüedad o usar la posibilidad de reducir sus ingresos desconociendo su anterior remuneración. Es algo que se parece más a una corrupción legalizada que a la solución de un problema de falta de personal y que a las claras demuestra su ineficiencia tanto en costos como en gestión.
A estas perlas hay que añadir la contaminación de las fuentes de agua a causa del cambio del uso del suelo, monocultivo sojero y forestal, y el consecuente uso de agrotóxicos que exigen de OSE una mayor cantidad de
insumos para la potabilización del agua, hecho que venimos denunciando desde hace años y que hoy cobra vigencia al estar discutiendo el Plan Nacional de Aguas que debe contar con estos asuntos. Y a esto se suma también que en OSE hay un déficit superior a los 30 millones de dólares y un endeudamiento importante con organismos internacionales de crédito.
De esta forma, el gobierno recurre a la conocida artimaña neoliberal de desprestigiar a las empresas públicas y así intentar legitimar su privatización, lo que incluye tercerizaciones, PPP y otras modalidades, en lugar de poner a las empresas públicas al servicio del pueblo, fomentando la industria nacional. Y es en esta sintonía que va por la firma de TLC. Esta es la respuesta del gobierno oportunista y proimperialista ante la crisis económica, haciendo que los trabajadores y el pueblo paguemos sus costos, con pérdida de soberanía incluida.
El objetivo de los entes públicos no debe ser dar ganancia, ni financiar los déficits del Estado, sino brindar servicios públicos baratos para la población y la producción nacional. Los posibles déficit que podrían provocar, en caso de ser necesarios, deberían cubrirse sacandolés todas las excenciones a los monopolios imperialistas y con lo recuperado de la moratoria de la deuda externa, así como poniéndole más impuestos a la gran burguesía intermediaria, la banca extranjera y los grandes latifundios.
Obviamente, eso no lo dice Astori cuando pretende explicar el aumento de tarifas aludiendo al objetivo de reducir el déficit fiscal (ya que la suba está por encima de los costos operativos), ese déficit da cuenta de la crisis económica, a la que el gobierno responde con más ajuste. Pero claro, la deuda externa se paga y ahí el déficit no pincha ni corta, al gran capital se lo exonera y ahí el déficit fiscal tampoco importa, los salarios altos de los cargos de gobierno tampoco se tocan…
Otra afirmación de Astori es que los aumentos son actualizaciones de acuerdo a la inflacion, con la “contemplacion” de que están por debajo de este índice, este es un argumento falaz ya que los aumentos se deberían dar en todo caso por el aumento real de los costos de los insumos de producción y, como es obvio, estos insumos y sus costos no son los de una familia uruguaya.
Mención especial merecen la cifra del IPC de noviembre, de 8,70% (acumulado en el año), superando el 7% que preveía el gobierno como cota máxima en este año. Y esto se desprende de las cifras oficiales, que no reflejan del todo la real carestía, con los precios por las nubes, entre ellos el del boleto, que sigue asegurando la ganancia a los grandes empresarios del transporte. Además, esto se agrava teniendo en cuenta el creciente desempleo (casi 60.000 ocupados menos que hace dos años) y la rebaja salarial, reflejada en los consejos de salarios en los que gobierno y sector empresarial retacean a los trabajadores el salario que en sus justos reclamos exigen. Encima, se anuncia un incremento de los impuestos al salario y a la jubilación.
Ante todo esto, la mayoría oportunista en la dirección del PIT-CNT no va a fondo. No solo es tenue en las medidas de lucha, siempre evitando el paro activo de 24 hs, sino también en sus discursos: el Secretariado expresa simplemente que no comparte la suba, la diferencia de la del año pasado y ni siquiera usa la palabra tarifazo, que es el término que cabe a tamaña medida antipopular.
Por su parte, la derecha tradicional solo refiere a problemas de gestión de las empresas públicas, de despilfarro, tratándolo simplemente como un tema de “modelo agotado”, como expresa el reaccionario de E. Novick, o, de forma oportunista, por derecha, algunos llegan a hacer referencia a cómo recae sobre los trabajadores esta suba pero, como es esperable, no hacen una denuncia profunda pues justamente este gobierno no ha hecho más que continuar las políticas que otrora ellos aplicaban y que hoy siguen impulsando, ¡el achique y la privatización de las empresas públicas están dentro de sus planes!
Entonces, desde la CSC, rechazamos el tarifazo y llamamos a unificar las luchas para derrotar todo el ajuste y la rebaja salarial del gobierno.
¡¡NO al TARIFAZO, sí al SALARIAZO!!
¡¡En defensa de la empresas públicas, contra las privatizaciones del gobierno!!
¡¡Que la crisis no la pague el pueblo!!
Corriente Sindical Clasista