Consecuencias piscosociales de la crisis económica y sanitaria.

                                                                                              (escribe. Jorge Pérez)

 

 Transitando en tiempos de COVID 19.

Según Ana Pamplega de Quiroga, el hombre es “sujeto de movimiento, de crisis y cambio, sujeto de experiencia y conocimiento en un orden socio histórico en significativa transformación”.                           

Existe una relación entre los procesos sociales y la subjetividad que se manifiesta en los hechos de la vida cotidiana, en donde durante los procesos de crisis se manifiesta una relación contradictoria entre el colapso de sistemas y la emergencia de lo nuevo. En este momento histórico se da el recrudecimiento de la lucha de clases, que toma un carácter imprevisible e indefinido en las primeras instancias. Podríamos describirlo como la lucha entre el cambio y la resistenca al cambio.

Entonces hay que indagar para conquistar la integilibilidad de la nueva experiencia cotidiana; hay que ser precisos en las definiciones y estar receptivos a nuevas aperturas en el hacer y en la investigación.

Tenemos la concepción de que las crisis están siempre presentes en la historia de la humanidad y en la de los propios sujetos.

La crisis mundial capitalista en el 2020, profundizada por la pandemia del COVID19 hizo que las clases dominantes introdujeran el discurso de “la nueva normalidad”, tratando de incorporar en el cuerpo social el “quedate en casa”, el “distanciamiento social”, así como el teletrabajo en donde fuera posible, como elementos nuevos de la convivencia social en tiempos de pandemia.

Lo cierto es que dicha falacia de la nueva normalidad, una vez que los grandes capitales entraron a presionar para que se iniciaran las actividades en aquellas ramas productivas y de servicios que se habían paralizado, quedó al descubierto, y salió a la luz que todo lo que se había presentado como nuevo no era más que la vieja receta capitalista de hacer pagar la crisis a los trabajadores. Así se vinieron las medidas de achicamiento del estado, los acuerdos con rebaja salarial, los despidos luego de meses de seguro de paro, la promulgación de la Ley de Urgente Consideración, la Ley de Presupuesto con recortes y en contra de los intereses populares, y con ellas las movilizaciones de trabajadores resistiendo el embate de las clases dominantes a pesar de los dirigentes oportunistas que son mayoría en el PIT-CNT.

Creyendo  que no iba a haber grandes movilizaciones por la pandemia del COVID 19, el gobierno apretó el acelerador en una serie de medidas económicas antiobreras y represivas sacando adelante la Ley de Urgente Consideración. Luego en la Ley de Presupuesto metió todo el paquete económico antipopular, de reducción del empleo y los salarios tanto en el sector público como el privado, recortes a la educación pública y en muchos organismos del Estado, a los efectos de bajar el déficit fiscal y pagar los intereses de la deuda externa, medidas que incrementarán la pobreza, y acelerarán el deterioro del entramado social generando más violencia y marginalidad en la población más carenciada.

Ante la posibilidad cierta de que las medidas tomadas desde el gobierno lleven a una mayor movilización popular, se pretende instalar desde los voceros del poder el escepticismo en las masas trabajadoras a través de la “nueva normalidad” como un proceso irreversible del que nadie escapa y “ya nada será como antes”.

La trenza del poder integrada por el gobierno con sus fuerzas represivas, la gran prensa y organizaciones como las iglesias de distinto pelo, la intelectualidad de derecha, van conformando un sustento ideológico que permea a las distintas clases con la ideología dominante. Y para el éxito de dicha operación, es necesario atacar a la educación pública, quitarle contenido democrático y humanístico, lo que se hace a través de una quita de dinero a través del presupuesto quinquenal. Menos horas docentes; menos horas de apoyo a estudiantes con dificultades, etc.

Llegamos a más ocho meses de la llegada de la pandemia, casi coincidente con el acceso al gobierno de la coalición multicolor, y el pueblo trabajador lo está sufriendo. Los representantes de los empresarios,  y el militarismo vienen por todo. Frente a la crisis sanitaria, se ven obligados a tener precauciones frente a algunas actividades económicas como la recreación o la organización de eventos. Pero ante la reactivación de las importaciones y exportaciones, el funcionamiento de UPM2 y las zonas francas, el turismo entre otras, el

gobierno no resiste la presión, así como la presión que ejercen los organismos internacionales de crédito por el pago de los intereses de deuda externa, y el achicamiento del déficit fiscal, cosa que se hará  a costa del sacrificio de la clase trabajadora y el pueblo.

La Ley de Presupuesto presentada por la coalición multicolor, comandada por el Partido Nacional ataca los intereses de los trabajadores, su salario, sus condiciones de tabajo. No cobran impuestos a los ricos, y además se achican las posibilidades de trabajo para miles de uruguayos, cercenando el ingreso de funcionarios públicos, generando pérdida del salario real mientras las empresas privadas siguen cerrando y mandando trabajadores al seguro de paro. Aprovechan la volada para reducir sus costos laborales y sobreexplotar a sus empleados.

 La falacia de que bajando los salarios se aumentan la cantidad de empleos.

Un artículo de Jorge Notaro en Brecha nos ilustra sobre como evolucionaron los salarios y el empleo, a lo largo de los últimos 30 aqños por lo menos en nuestro país.

A continuación se transcribe parte del texto publicado en el mencionado medio de comunicación por dicho autor.

“Para explicar por qué el empleo y el salario real aumentan o descienden paralelamente, y no en sentido contrario, como propone la falsa alternativa, es necesario recurrir al nivel de actividad económica medido por el producto bruto interno (PBI). En el período en el que el PBI creció, el empleo y el salario real también crecieron; por el contrario, cuando el PBI se contrajo, desde 1999 hasta 2003, el empleo y el salario real también se contrajeron.

En el período 1999-2003 cayeron el empleo y el salario real, al mismo tiempo que el número de trabajadores despedidos aumentaba hasta niveles sin precedentes, a pesar de una importante emigración que reducía la oferta.

En el período 2005-2014, en cambio, se observó una acelerada reducción de la tasa de desempleo y de los empleos de mala calidad, un aumento del número de trabajadores, un saldo migratorio positivo (ingresaban más personas a residir en el país que las que egresaban) y un aumento de los salarios reales. Esto ocurrió en el contexto de un mercado de trabajo que los neoliberales consideran más rígido por una regulación creciente, la duplicación de la tasa de sindicalización y la fijación de todos los salarios mínimos por categoría en los consejos de salarios.¹

En el período 2015-2019 se aprecia un aumento del 7,8 del salario real y un descenso del 3,2 por ciento del número de personas que trabajan, variaciones que se explican por un cambio en la composición del PBI. La mayor parte de las actividades se estancaron; los principales descensos se encuentran en la construcción (14,7 por ciento) y el comercio (4,3 por ciento); el principal aumento se observa en las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones (37,1 por ciento).

Con la reducción del número de personas que trabajan desde el máximo en 2014 hasta 2019, el economista Ignacio Munyo, de la Universidad de Montevideo, retomó la ofensiva ideológica contra los derechos de los trabajadores. Destacó el aumento del salario real como causa de la reducción del número de personas ocupadas, a lo que se sumaría la automatización, la percepción de los empresarios sobre la rigidez de la regulación laboral y los altos costos laborales.² No tuvo en cuenta que con la pronunciada caída de la inversión privada no pudo implementarse ningún cambio tecnológico ni que las mismas «rigideces» y los «altos costos laborales» estuvieron presentes desde 2004 hasta 2014 y no impidieron el crecimiento simultáneo del número de personas que trabajan y el salario real.

Para explicar la reducción del número de personas que trabajan y el aumento del número de personas desempleadas desde 2015 hasta 2019 se deben tener en cuenta cuatro factores: que en el quinquenio el ritmo de crecimiento de la actividad económica se redujo a 6,6 por ciento, muy inferior al de los diez años previos; que cambió la composición del PBI por una reducción de las actividades intensivas en mano de obra y expansión de actividades intensivas en capital; que se redujo el nivel de actividad de las pequeñas y las medianas empresas (en particular, en el comercio), que son las que crean más puestos de trabajo, y que la inversión pública se redujo un 29 por ciento y la inversión privada, un 25 por ciento.³

Para explicar los cambios en los indicadores del nivel de empleo es necesario tener en cuenta: a) el nivel de actividad económica, que al aumentar requiere más trabajo y al descender, lo opuesto; b) la relativización de esos indicadores por los cambios tecnológicos ahorradores de insumos y, entre estos, de mano de obra; c) qué actividades económicas y qué tamaño de empresa aumentan o reducen su nivel de actividad; d) la capacidad de los trabajadores de adaptarse a nuevas condiciones; e) que el Estado, con políticas activas y programas de empleo transitorio, puede reducir el desempleo.

¿QUÉ NOS ESPERA?

Que es necesario bajar el salario para que aumente el empleo es un prejuicio que las clases dominantes quieren vender como algo «científico» para aumentar sus ingresos, apoyadas en un enfoque teórico predominante en las universidades del hemisferio norte y sus filiales del sur, que supone que existe un mercado de trabajo que opera igual en Alemania que en la República Democrática del Congo.

Mauricio Macri comenzó su gobierno planteando la misma alternativa y terminó ni ni: ni aumentó el empleo ni aumentó el salario; por el contrario, ambos descendieron. En nuestro país el tema no es nuevo: se debatió durante la dictadura y hace 35 años Brecha le daba espacio a un punto de vista en esta polémica.⁴

Para mejorar el nivel de empleo no se precisa recortar los derechos de los trabajadores; se debería promover la demanda interna en actividades y empresas que generan más empleos. Por ejemplo: colocando 1.000 millones de dólares en deuda pública para financiar un plan de vivienda popular; invirtiendo otros 1.000 millones para que el Instituto Nacional de Colonización aumente la compra de tierras para entregar a colonos y aspirantes; aplicando cambios en la gestión del Banco República para que implemente créditos a menores tasas de interés y mayores plazos para las actividades y las empresas que generan más puestos de trabajo; adoptando cambios en la gestión de la Ley de Promoción de Inversiones, priorizando a las pymes; creando, en esta situación de recesión, un fondo con el objetivo de generar empleos transitorios y proveer de recursos a familias de bajos ingresos, ejecutando obras de su interés.⁵ La otra posibilidad es confiar en una recuperación de las altas tasas de crecimiento de China que contribuya a que las exportaciones de Uruguay superen el estancamiento.

El desafío para las políticas públicas es encontrar los cauces para que las energías de las familias que sufren el hambre se canalicen constructivamente y no impulsen la espiral de la violencia. Será necesario confiar en la gente que, con generosidad, lleva adelante ollas populares, en comisiones vecinales y cooperativas, en el apoyo a escuelas, liceos y clubes sociales y deportivos.”

1. Véase: Notaro, J. (2019). Economía para militantes, págs. 117-119.

2. Munyo, I. (2018). El País, 6 de julio, pág. 11.

3. Banco Central del Uruguay, producto interno bruto por industrias, precios constantes de 2005: https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas–e–Indicadores/Cuentas%20Nacionales/presentacion05.htm.

4. Notaro, J. (1986). «Salario, empleo y prejuicios. El análisis de un lugar común», Brecha, 17 de octubre, pág. 7.

5. Notaro, J. (2003). La política de empleo en tiempos de recesión. Lineamientos para discusión en Uruguay 2003, Instituto de Economía.