domingo, 30 de enero de 2011


Breve Descripción de la situación laboral y salarial en el Uruguay de nuestros días.

Este artículo tiene como objetivo informar a los trabajadores, sobre la realidad del mercado de trabajo en Uruguay, porque de alguna manera servirá para desenmascarar contradicciones y declaraciones que integrantes del equipo económico del Gobierno, y el propio Presidente Mujica realizan en los grandes medios de comunicación, que en el fondo tratan de justificar medidas políticas en contra del mantenimiento y la recuperación de nuestro salario y condiciones de trabajo, contenidas también en la reforma del Estado.

Seguramente se destruirán algunos mitos de imposibilidad de mejorar la situación de los trabajadores uruguayos, cuando realmente lo que está sucediendo es que este gobierno del oportunismo continúa apostando a la inversión extranjera y a utilizar el salario como variable de cambio lo que profundiza la brecha entre ricos y pobres, apostando a una política impositiva que grava el trabajo y el consumo beneficiando a la oligarquía y al capital imperialista.

Actualmente y según cifras oficiales existen 1.300.000 trabajadores privados inscriptos en el BPS, los cuales ganan promedialmente $9.786.

Entre ellos, los trabajadores rurales afectados al cultivo de cereales, legumbres, oleaginosas y frutas cítricas tienen como promedio salarial 4.704 pesos; las actividades de apoyo a la agricultura, (manejo de maquinaria agrícola, etc.), el promedio de los salarios es de 4.935 pesos; el cultivo de caña de azúcar tiene como promedio salarios de 2.448 pesos; la cría de ganado vacuno y búfalos el promedio es de 3.248 pesos; la forestación, los trabajadores afectados a industria y comercio tiene como promedio salarial 19 mil pesos y los afectados al área rural 8.000 pesos.

Los frigoríficos y mataderos pagan promedialmente 18.551 pesos; la industria láctea 20.597 pesos promedio; las fábricas de pasta de celulosa, papel y cartón, 27.228 pesos, la industria panadera 7.694 pesos; las fábricas de prendas de vestir pagan 7.524pesos promedio; la industria del medicamento y sustancias químicas 37.288 pesos promedio; el comercio minorista paga 9.006 pesos; las actividades de transporte terrestre, urbano, suburbano o metropolitano, paga 13.092 pesos de promedio. Entretanto el transporte de carga tiene salarios de 10.000 pesos promedio; los gastronómicos 6.236 pesos; las actividades inmobiliarias 9.000 pesos; la actividad financiera (bancos), 44.552 pesos; los empleados de las cámaras empresariales ganan promedio 11.000 pesos; las organizaciones religiosas pagan 8.619 pesos.

Mientras tanto, 500.000 trabajadores en el Uruguay carece de cobertura de seguridad social, o sea que trabajan en negro, y hay 130.000 trabajadores subempleados.

Los precios al consumo subieron un 6,4% en los primeros 11 meses del 2010, la inflación a noviembre de dicho año fue de un 6,9%, y los artículos que más subieron fueron los alimentos y bebidas. La carne subió en el período mencionado un 16,6%.

Entretanto, los trabajadores públicos con calidad de funcionarios públicos suman 256.490, de los cuales el 32% trabaja en el área de la educación, cultura y deporte; el 14% trabajan en los gobiernos departamentales de todo el país; el 12% pertenece al ministerio de defensa; y el 10% está afectado a los organismos de seguridad según el siguiente detalle:

El Poder Legislativo emplea a 1.249 funcionarios don calidad de funcionario público y a 14 sin esa calidad, o sea tercerizados.

Los organismos del ART. 221 emplea a 77.081 personas con calidad de funcionarios públicos y a 4.694 sin esa calidad.

Los organismos del Art.220 ocupan a 89.965 personas con calidad de funcionarios públicos y a 4.005 tercerizados encubiertos.

El Poder Ejecutivo emplea a 50.113 personas con calidad de funcionarios públicos, y a 3.783 sin esa calidad.

Los gobiernos departamentales emplean a 38.082 con calidad de públicos y a 1.840 tercerizados.

Los organismos del Art. 221 emplean el 19,9%, los del 220 el 34,7% y el Poder Ejecutivo el 30,2%.

Primer mito que se cae con estas cifras, es el peso de los trabajadores del Estado en la economía uruguaya, ya que el promedio salarial de públicos anda alrededor de los 8.500 pesos, de donde hay que diferenciar los altos sueldos de jerarcas y asesores que son los que se llevan la mayor parte de la torta, mientras que los trabajadores que sostienen los servicios se llevan las migajas. Esto tomando en cuenta que el precio de la canasta familiar supera los 40.000 pesos en el Uruguay de hoy.

Si tomamos la cifra de inscriptos en el BPS, de 1.300.000 trabajadores privados, y la comparamos a los 256.490 públicos, menos comprendemos la andanada anti públicos descargada por Mujica y sus acólitos y comprenderemos de una vez por todas, que la única razón de sus dichos obedece a la presión de los grandes empresarios, que no quieren pagar impuestos, y pretenden que todo funcione bajo la os leyes capitalistas que imponen los grandes monopolios y oligopolios imperialistas. Y cada vez más queda desenmascarada una política de alianza con los grandes capitales nacionales y extranjeros y el divorcio de este gobierno con los intereses de los trabajadores.

Jorge Pérez.

miércoles, 5 de enero de 2011





Nuestro sindicato se pronuncia contra el decreto de esencialidad aplicado a los trabajadores de ADEOM


SUINAU

Sindicato Único

de trabajadores de INAU

ABAJO EL DECRETO DE ESENCIALIDAD Y LA MILITARIZACION

SOLIRARIDAD CON LOS TRABAJADORES MUNICIPALES

El Sindicato Único de INAU se solidariza con la lucha de los trabajadores municipales por su convenio salarial y rechaza el cercenamiento del derecho constitucional a la huelga, la violación de la ley de negociación colectiva, el decreto de esencialidad y la militarización de la huelga, resueltas por los gobiernos nacional y municipal.

El decreto de esencialidad y la militarización de la huelga son el corolario de una campaña de ataques a los trabajadores en lucha, que va desde el chantaje con que “la alta conflictividad ahuyenta a las inversiones”, pasa por la descalificación permanente de los trabajadores del estado, el desconocimiento de la ley de negociación colectiva del sector público, cuando contrabandea la reforma del estado en una ley de presupuesto y ordena la disciplina partidaria para su aprobación, hasta el decreto de desalojo policial de las ocupaciones de edificios públicos.

Que ningún trabajador se engañe. El riesgo sanitario es un pretexto para aplastar la huelga, ha habido huelgas mucho más prolongadas en el sector limpieza, tanto municipal como en las tercerizadas, que se resolvieron sin epidemias y sin apelar a la esencialidad. Y si la huelga creara una situación de riesgo, la ley de negociación colectiva establece los mecanismos para la autorregulación de las medidas sindicales en un ámbito paritario, posibilidad que la intendenta y el poder ejecutivo negaron.

En todo caso, si hay riesgo sanitario no es producto de la huelga, sino del fracaso del plan de limpieza del gobierno municipal, como lo demuestra el hecho de que varios de los sitios que limpia el ejército son basurales endémicos fuera de los recorridos de los trabajadores municipales. Ni que hablar que el riesgo sanitario que las autoridades invocan para ilegalizar la huelga, es olímpicamente ignorado por esas mismas autoridades cuando se trata de las condiciones de vida, sin saneamiento, con dificultades de acceso al agua potable, sin servicios de recolección de residuos, en viviendas precarias, que padecen cotidianamente decenas de miles de familias trabajadoras en Montevideo y el interior. ¿Acaso hay ciudadanos que tienen más derecho a la salud que otros?

El gobierno descalifica la lucha de los trabajadores municipales presentándola como la voluntad de un puñado de” ultras”, cuando el plan de acción de ADEOM se aprobó en una asamblea con más de 2500 trabajadores. Compañeros, lo que está siendo reprimido no es una estrategia sindical, son las herramientas de lucha de TODOS los trabajadores, como la ocupación, la huelga y los espacios de negociación colectiva conquistados. Es la independencia de clase de los sindicatos la que se anula cuando se le atan las manos a las organizaciones de los trabajadores.

Convocamos a todos los trabajadores a unirnos hoy más que nunca. Ante el avasallamiento de los derechos sindicales que sufrimos los trabajadores públicos en general y los compañeros de ADEOM en particular, que festejan las patronales reaccionarias y la derecha, y reclaman que se extienda a los trabajadores privados.

Respondamos con independencia de clase, en defensa de nuestras herramientas de lucha, con más UNIDAD, más SOLIDARIDAD y más LUCHA

Tato Salaberry Joselo López

Secretario Gral. Presidente

Montevideo, 12 de Diciembre de 2010

sábado, 1 de enero de 2011

Compromiso. Brenta dijo que se "confirma el compromiso con la negociación colectiva y el diálogo"

COFE aceptó la cláusula de paz y firmó convenio salarial por 3 años

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) firmaron ayer un convenio colectivo a tres años en el que se incluye la construcción de la tabla salarial y una cláusula de prevención de conflictos.

Vieja reivindicación. Los trabajadores lograron introducir una "tabla salarial".
Vieja reivindicación. Los trabajadores lograron introducir una "tabla salarial".

Dos días antes de la finalización del 2010 uno de los sindicatos que más ha enfrentado al gobierno en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto y la instalación de la mesa de Negociación Colectiva firmó un convenio colectivo a tres años que contempla un viejo reclamo de los trabajadores estatales: la construcción de la tabla salarial que se resume en poder lograr la premisa deseada "a igual función igual remuneración".

El acuerdo establece los lineamientos y criterios que se seguirán en los ajustes salariales a aplicar en la Administración Central, ASSE, Corte Electoral, INAU, Tribunal de lo Contencioso y Tribunal de Cuentas.

Se establece que el 1º de enero de cada año se realizarán ajustes salariales de carácter "general" que tendrán como propósito mantener el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, de acuerdo a las condiciones previstas en el Artículo 4º del Presupuesto, aspecto al cual se oponía el sindicato.

A tales efectos, los ajustes serán realizados tomando en consideración "la meta de inflación fijada por el Comité de Coordinación Macroeconómica para el período de vigencia del aumento. En caso que la meta de inflación se establezca en términos de un rango, se tomará en consideración el centro del mismo".

Los ajustes salariales incluirán "un correctivo que tome en cuenta la diferencia en más que se hubiere registrado entre la variación observada del Índice de Precios al Consumo (IPC) confeccionado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante la vigencia del ajuste anterior y el porcentaje de ajuste otorgado".

También se incluye una cláusula de salvaguarda. En caso de que la variación acumulada del IPC en los meses posteriores al ajuste de las remuneraciones y hasta la mitad del período "fuere superior al 10% se dispondrá un ajuste extraordinario".

Si la variación del IPC medida en años móviles en cualquiera de los meses posteriores al ajuste fuera superior a aquel porcentaje, entonces se convocará al consejo de rama a efectos de "compartir información y analizar las medidas más adecuadas a adoptar".

En otros de los puntos del acuerdo se establece que sin perjuicio de los aumentos generales anuales previstos, podrán existir ajustes retributivos de carácter "no general", lo que permitirá "avanzar en el concepto de a igual tarea igual remuneración".

Para analizar los eventuales ajustes específicos se constituirá un grupo de trabajo que evaluará las situaciones a contemplar

En tanto que el 1º de enero de 2011 se incrementarán los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2010 en el porcentaje resultante de la suma de los siguientes componentes: "1,5% correspondiente al centro del rango meta de inflación fijado por el Comité de Coordinación Macroeconómica para el período de vigencia del aumento, la diferencia en más que se registre entre la variación observada del IPC durante el año 2010 y 5%, en función de lo previsto en el acuerdo".

También se establece una cláusula de prevención de conflictos por la cual durante la vigencia del acuerdo, "las partes declaran su voluntad de resolver cualquier situación de conflicto por la vía de la negociación colectiva y la búsqueda de consensos, y a no disponer medidas sindicales que distorsionen el funcionamiento de los servicios".

Las partes

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, dijo que el convenio "confirma el compromiso del gobierno con la negociación colectiva y el diálogo. Tiene que ver con nuestra convicción de que las negociaciones que corresponden a salarios y condiciones de trabajo deben desarrollarse en el marco de la negociación colectiva".

Explicó que el acuerdo implica la propuesta inicial que hizo el gobierno a través del Presupuesto que establece un salario mínimo de $ 14.400 por 40 horas semanales.

"Los trabajadores lograron disminuir un plazo que también quedó estipulado que tiene que ver con el inicio de futuros conflictos.

Antes de que las medidas sean resueltas por los sindicatos, deberán ser agotadas todas las instancias de la negociación en un plazo de siete días hábiles.

El Ejecutivo había propuesto 20 días, pero, "logramos bajarlo y quitamos todos los aspectos que no estaban vinculados al convenio por ejemplo los temas vinculados a la carrera administrativa", dijo por su parte, Joselo López.

Nuestra Posición sobre esta información.

A manera de comentario sobre esta información, debemos traer a consideración rememorando lo dicho en otros artículos, que este acuerdo contiene aspectos que son de cuidado y deben ser considerados por los trabajadores a la hora de tomar partido a favor o en contra de lo estipulado en el mismo ya que contiene puntos que van en el sentido de preparar la aplicación de la reforma del estado que este gobierno y la oposición tiene en mente aplicar.

En primer término debemos recordar que contiene aspectos de flexibilización laboral y precarización del empleo en las áreas públicas, con lo cual no estamos de acuerdo.

Está además incluyendo un punto que es contrario a la ley dictada en el período anterior, que fijaba aumentos automáticos e inmediatos por el 100% del IPC en caso de que la inflación superara el 10% anual.

En el acuerdo se dice que en dicho caso se llevaría a discutir el aumento a la negociación colectiva en caso de que se pase del 10% la inflación , en los meses posteriores a la firma del convenio y en los primeros seis meses del año, cláusula que es un retroceso a lo que se había obtenido en el pasado y que además dificulta el mantenimiento del salario real de los trabajadores e impide prácticamente la recuperación salarial hasta llegar a la media canasta en el período, como teníamos planteado los funcionarios públicos.

A continuación publicamos nuevamente, la opinión de asesores económicos y legales y del Departamento de Estado y Presupuesto del PIT-CNT sobre la reforma del Estado, que están incluídos en esta negociación acordada entre COFE y el Poder Ejecutivo.

Reforma del Estado: extractos del documento elaborado por “Asesores Económicos y Legales y el Departamento de Estado y Presupuesto” del PIT-CNT:

  • “Desconoce los ámbitos de negociación establecidos en la Ley promulgada en el período anterior”;
  • “Reafirma un espacio fiscal rígido e insuficiente negándose a ampliarlo a través de gravámenes al capital y la renegociación de la deuda”;
  • “El ajuste por inflación futura ha generado siempre PÉRDIDA SALARIAL”;
  • “La propuesta del gobierno implica la destrucción de la carrera administrativa y el desmantelamiento de derechos consagrados a nivel Constitucional”;
  • “se crean diferentes categorías de trabajadores, algunas de ellas regidas por figuras del derecho privado que nada tienen que ver con el fenómeno el trabajo humano, precarizando las condiciones laborales del mismo”.