Otra vez las "guardias blancas".
Estamos en un período pre electoral en nuestro SUINAU, por lo cual en general es difícil explicitar opiniones sobre el rumbo de nuestro sindicato, y verter información sobre decisiones tomadas sin que se vea por nuestros detractores y corrientes opositoras como razones de campaña. Somos conscientes de esta situación que se repite en estos períodos como un mal endémico e histórico. Es parte de la lucha en el seno del movimiento sindical.
No obstante eso, nos sentimos en la obligación de expresar nuestra postura sobre algunos hechos que están en proceso y que serán de profunda importancia para la institución, para los trabajadores, pero por sobre todas las cosas para la niñez y la adolescencia en situación de riesgo social en nuestro país en un futuro próximo.
El tema al que hacemos referencia con la información que manejamos, es la creación dentro del SIRPA de un programa de seguridad propio, con personal de SIRPA conformando un servicio de "guardia blanca", ante la comunicación del Ministerio del Interior a nuestra Institución que sacará paulatinamente los servicios 222 de las guardias perimetrales de Colonia Berro y los centros de Montevideo.
Se argumenta por parte de muchos compañeros que esta no es una discusión para dar en estos momentos, porque la instrumentación de las nuevas "guardias blancas" de tan triste historia a lo largo del tiempo en nuestra institución, se va a ir dando en el correr del próximo año por lo menos.
Sabemos que no es tan para adelante la conformación de estas "Guardias Blancas", que además de ser conformadas fuera de todo marco legal, ya que las guardias perimetrales deben ser efectuadas por personal del Ministerio del Interior aunque sean centros de privación de libertad para menores de 18 años, por lo que consideramos que debemos estar definidos al respecto, con un rotundo no por las consecuencia que trajo para muchos trabajadores en el pasado.
No es éste un problema menor, y aquellos que tenemos años en la institución sabemos que consecuencias traen ese tipo de organizaciones intra institucionales, que son un germen de un nuevo poder subterráneo, no explicitado en lo general pero ejecutado en espacios micro insitucionales, violento y reaccionario en contradicción con toda concepción clasista proletaria del tema de la reclusión de menores de 18 años.
No es éste un problema menor, y aquellos que tenemos años en la institución sabemos que consecuencias traen ese tipo de organizaciones intra institucionales, que son un germen de un nuevo poder subterráneo, no explicitado en lo general pero ejecutado en espacios micro insitucionales, violento y reaccionario en contradicción con toda concepción clasista proletaria del tema de la reclusión de menores de 18 años.
Pero además, sabemos que consecuencias traen para los trabajadores que son nominados para esa tarea cuando se suceden situaciones de conflicto, y los mismos deben actuar en un hecho que lo debemos decir, es una tarea represiva aunque se las disfrace con otros nombres como "contención", "disuacion" u otro cualquiera.
Debemos tener memoria colectiva, y saber que este sistema no es nada nuevo en privación de libertad y que ha llevado años atrás a compañeros destituidos o sumariados por denuncias de malos tratos, a conflictos duros donde se llegó a mantener una carpa durante 38 días frente al Directorio en el 2005 cuando tenía sus oficinas en 18 de Julio y Vázquez por no contar los trabajadores con las garantías del debido proceso en sumarios realizados, y que además llevó a partir el sindicato en esa lucha cuando una lista gremial de militantes pertenecientes a una corriente frenteamplista volanteaban a favor de la decisión del Directorio de entonces, estando a favor de la destitución de los compañeros en cuestión.
Esto va mas allá incluso de si los Directorios de entonces tuvieron razón o no en diferentes situaciones que terminaron en sumarios para los trabajadores. Es un problema de la Comisión Nacional Delegada, (nstitucional) que se lo traslada a los trabajadores. No es culpa de los funcionarios si el Ministerio del Interior por la razón que sea, pretende sacar el servicio 222 del SIRPA. No se pueden cambiar los roles ni perjudicar a los trabajadores en sus condiciones de trabajo, más de lo que lo están haciendo en estos momentos, donde estamos trabajando con un número muy superior de jóvenes a los que los centros pueden alojar.
Sabemos que para muchos compañeros, el servicio de "guardia blanca" les significa una mejora en el salario, mediante partidas de 612 especiales, etc. por lo cual les resultaría interesante conformar parte de ese equipo. Pero debemos tener la capacidad de decisión en base a una buena información y saber que riesgos lleva consigo esa tarea, que nosotros queremos discutir con la base de compañeros que trabajan en los centros. Porque tampoco estamos de acuerdo, y nadie, sea del color que sea en el gremio, esta tampoco a favor del abuso y los malos tratos.
El problema de la educación y la contención de los adolescentes en privación de libertad exige estabilidad y minimización de la violencia del encierro, recién lograda a partir de los años 2010 u 2011 a partir del hecho que significó una verdadera guardia en los centros de SIRPA, organizada y atenta perteneciente al Ministerio del Interior. Luego de un período de conflictos de muy baja intensidad sobre todo verbales entre adolescentes y policías que realizan hoy las guardias perimetrales, el clima se estabilizó. Hoy los trabajadores pueden sacar a recreación a los patios sin mayores problemas, los jóvenes usan esos espacios para realizar deportes, disfrutar un espacio más abierto y es cada vez más espaciado el acontecimiento de conductas que merezcan sanciones u observaciones de parte de los educadores hacia los adolescentes por conflicto con las guardias policiales. Hoy es una situación asumida por todos los actores.
No tenemos, o por lo menos tratamos de elaborar nuestra resistencia a los cambios; lo que hacemos es reconocer una autoridad adjudicada por el Estado burgués al Ministerio del Interior para realizar tareas especializadas, que no conviene en este contexto capitalista transferirla a quienes ni siquiera tienen marco legal para llevarlas acabo.
Una vez más se presenta el tema de la contradicción entre lo custodial o lo educativo y a qué se le da supremacía en el SIRPA. Se ha tomado un camino en el que avanza la educación en un sentido de insertar a los adolescentes en el mercado laboral y estudiantil, en las medida de las condiciones de trabajo que estamos sufriendo, sin descuidar la seguridad que nos parece correcto. Sin embargo, debemos los trabajadores asumir la lucha por la profesionalización de nuestras tareas educativas, que esta readecuación institucional que se está negociando con el Directorio, sirva también para definir los roles de cada función, y poner en sus cargos según las funciones que cumple cada uno, mediante los concursos pertinentes.
Siempre fuimos de la idea que los funcionarios del INAU y también los afectados al hoy SIRPA, deben ser profesionalizados para tareas educativas y seguimos bregando por la formación permanente en ese sentido, y no en lo custodial carcelario que son resortes de otras instituciones del Estado burgués.
Las autoridades tienen la última palabra al respecto. Serán responsables también de lo que acontezca en un futuro con las formas de organizar la seguridad, y también el Gobierno a través del Ministerio del Interior deberá responder ante la ciudadanía por los hechos que se sucedan.
Jorge Pérez.
Debemos tener memoria colectiva, y saber que este sistema no es nada nuevo en privación de libertad y que ha llevado años atrás a compañeros destituidos o sumariados por denuncias de malos tratos, a conflictos duros donde se llegó a mantener una carpa durante 38 días frente al Directorio en el 2005 cuando tenía sus oficinas en 18 de Julio y Vázquez por no contar los trabajadores con las garantías del debido proceso en sumarios realizados, y que además llevó a partir el sindicato en esa lucha cuando una lista gremial de militantes pertenecientes a una corriente frenteamplista volanteaban a favor de la decisión del Directorio de entonces, estando a favor de la destitución de los compañeros en cuestión.
Esto va mas allá incluso de si los Directorios de entonces tuvieron razón o no en diferentes situaciones que terminaron en sumarios para los trabajadores. Es un problema de la Comisión Nacional Delegada, (nstitucional) que se lo traslada a los trabajadores. No es culpa de los funcionarios si el Ministerio del Interior por la razón que sea, pretende sacar el servicio 222 del SIRPA. No se pueden cambiar los roles ni perjudicar a los trabajadores en sus condiciones de trabajo, más de lo que lo están haciendo en estos momentos, donde estamos trabajando con un número muy superior de jóvenes a los que los centros pueden alojar.
Sabemos que para muchos compañeros, el servicio de "guardia blanca" les significa una mejora en el salario, mediante partidas de 612 especiales, etc. por lo cual les resultaría interesante conformar parte de ese equipo. Pero debemos tener la capacidad de decisión en base a una buena información y saber que riesgos lleva consigo esa tarea, que nosotros queremos discutir con la base de compañeros que trabajan en los centros. Porque tampoco estamos de acuerdo, y nadie, sea del color que sea en el gremio, esta tampoco a favor del abuso y los malos tratos.
El problema de la educación y la contención de los adolescentes en privación de libertad exige estabilidad y minimización de la violencia del encierro, recién lograda a partir de los años 2010 u 2011 a partir del hecho que significó una verdadera guardia en los centros de SIRPA, organizada y atenta perteneciente al Ministerio del Interior. Luego de un período de conflictos de muy baja intensidad sobre todo verbales entre adolescentes y policías que realizan hoy las guardias perimetrales, el clima se estabilizó. Hoy los trabajadores pueden sacar a recreación a los patios sin mayores problemas, los jóvenes usan esos espacios para realizar deportes, disfrutar un espacio más abierto y es cada vez más espaciado el acontecimiento de conductas que merezcan sanciones u observaciones de parte de los educadores hacia los adolescentes por conflicto con las guardias policiales. Hoy es una situación asumida por todos los actores.
No tenemos, o por lo menos tratamos de elaborar nuestra resistencia a los cambios; lo que hacemos es reconocer una autoridad adjudicada por el Estado burgués al Ministerio del Interior para realizar tareas especializadas, que no conviene en este contexto capitalista transferirla a quienes ni siquiera tienen marco legal para llevarlas acabo.
Una vez más se presenta el tema de la contradicción entre lo custodial o lo educativo y a qué se le da supremacía en el SIRPA. Se ha tomado un camino en el que avanza la educación en un sentido de insertar a los adolescentes en el mercado laboral y estudiantil, en las medida de las condiciones de trabajo que estamos sufriendo, sin descuidar la seguridad que nos parece correcto. Sin embargo, debemos los trabajadores asumir la lucha por la profesionalización de nuestras tareas educativas, que esta readecuación institucional que se está negociando con el Directorio, sirva también para definir los roles de cada función, y poner en sus cargos según las funciones que cumple cada uno, mediante los concursos pertinentes.
Siempre fuimos de la idea que los funcionarios del INAU y también los afectados al hoy SIRPA, deben ser profesionalizados para tareas educativas y seguimos bregando por la formación permanente en ese sentido, y no en lo custodial carcelario que son resortes de otras instituciones del Estado burgués.
Las autoridades tienen la última palabra al respecto. Serán responsables también de lo que acontezca en un futuro con las formas de organizar la seguridad, y también el Gobierno a través del Ministerio del Interior deberá responder ante la ciudadanía por los hechos que se sucedan.
Jorge Pérez.
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