EL FUTURO DEL SIRPA DEPENDE DEL PLEBISCITO.

Estamos viviendo un momento político en nuestro país, en donde además de la preocupación que tienen los trabajadores sobre los índices de inflación que castiga sobre todo en los artículos de primera necesidad: comestibles, transporte, educación, tarifas públicas, salud, vivienda y vestimenta, se presenta el problema de la seguridad ciudadana como un tema de campaña política en todos los partidos para las próximas elecciones nacionales de octubre en primera vuelta. Como un tema aislado y sin nominar sus causas, que son sin equivocación alguna, la carestía y el mensaje neoliberal del consumismo en la sociedad.

En ese marco, es que los partidos  de la oligarquía por medio del Partido Colorado presentan una reforma constitucional que presenta como hecho significante la baja de imputabilidad a los menores de 18 años a 16, lo que implica la aplicación de la ley penal de adultos a los delitos cometidos por adolescentes a partir de esa edad.

Esta posibilidad cierta de que el plebiscito gane en las elecciones nacionales, llevó a una reforma en el INAU creando el SIRPA,  que según una ley promulgada por el año 2011, se debe transformar en el Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, como una nueva institución, separada del INAU.

El Directorio de éste,  la Comisión Nacional Delegada del SIRPA y el Sindicato SUINAU se manifestaron junto a la COFE y al PIT-CNT en contra de la baja a la edad de Imputabilidad por considerar, que pensar a los jóvenes como causantes de la inseguridad ciudadana es una falacia que no soluciona el problema, sino que castiga a los jóvenes pobres de nuestro país.

Pero en la realidad se  vislumbra que según las encuestadoras más consultadas por los sectores políticos, el plebiscito marcaría una tendencia en la población a votar por la baja de la imputabilidad. Eso marcaría entonces un cambio de rumbo en las políticas sobre la niñez y la adolescencia en riesgo social, que llevará a la separación (como marca la ley ya promulgada), del SIRPA del INAU.

Solamente una gran movilización popular convocada por el PIT-CNT, perdurable en el tiempo desde aquí hasta octubre podrá parar las intenciones de los sectores políticos que pretenden esa reforma constitucional reaccionaria y violatoria de derechos fundamentales.

Es necesario aclarar que hay una gran campaña por la supuesta Seguridad Ciudadana, mientras encontramos falta de prevención en las acciones del ministerio del interior que está demostrando inoperancia en muchos barrios de contexto crítico, donde viven los obreros y trabajadores de capas bajas y medias.

Es muy difícil revertir la sensación de vulnerabilidad que sufren los ciudadanos de nuestro país en estos momentos. Es comprensible  que vean el problema desde el hecho inmediato de la violencia de la cual son víctimas muchos de ellos, donde se incluyen casos de muertes, robos con ejercicio de la violencia, etc. Pero las cifras indican que las cifras de delitos cometidos por menores de 18 años es mucho menor que las cometidas por mayores, pero eso no se propagandea con la intensidad con la que se exponen en los medios masivos de comunicación los delitos cometidos por los primeros.

En más de una oportunidad hemos expresado la idea de que nuestra institución, el INAU, está siempre atravesada por los contextos políticos, y hoy en este tema no es diferente, y la situación se agrava desde que el Frente Amplio se muestra vacilante, dividido en las opiniones y silencioso en referencia a este tema, y sus acciones no acompañan el no a la baja. La promulgación de la Ley de creación  del IRPA es una muestra de ello.

La cuestión es que si el plebiscito de octubre que pretende bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años logra los votos necesarios, el Hoy SIRPA se convierte en IRPA y queda separado del INAU. Esto queda reñido con la línea que  el “progresismo”  agitaba en el comienzo de su primer gobierno, en cuanto al paradigma de la protección integral de la niñez y la adolescencia de nuestro país. Esta línea de pensamiento, trata al niño y al adolescente como sujeto de derechos, concibe a la adolescencia como una etapa de crecimiento, de des estructuración y re estructuración del sujeto, como etapa de transición entre la niñez y el ser adulto. Si en esta etapa el sujeto queda atrapado, suspendido por el encierro sufrido por demasiado tiempo, de toda actividad cultural, intelectual o de trabajo, de experimentación vivencial en sociedad durante su adolescencia, será muy difícil su inserción y su habilitación para que pueda vivir en conexión con  el mundo de la educación y del trabajo. Se transformará seguramente en un individuo desconfiado del hacer colectivo y socializador, verá en el otro como una amenaza latente y se  activarán sus mecanismos de defensa menos humanos, como la agresividad transformada en actos de violencia, y su forma de supervivencia serán los más primarios y recaerá en la infracción a la ley penal. Será un individuo identificado con líderes negativos y de conductas disociales continuadas.

No nos resignamos a no dar la lucha  en contra de estos embates reaccionarios, derechistas que pretenden castigar la pobreza en lugar de erradicarla mediante políticas de empleo genuino, protegiendo el trabajo y la producción nacional. El SUINAU debe tener un mayor protagonismo  junto a la COFE en la lucha por el No a la Baja de la edad de Imputabilidad. También debemos dar la lucha en contra del aumento de las penas de 5 a 10 años a los jóvenes menores de 18 años. Tenemos que pensar en el futuro que está en manos de los jóvenes, muchos de los cuales han cometido infracciones a la ley penal. Más inversión en educación y menos en represión es lo que necesitamos para cambiar esta realidad que nos golpea duramente, y siembra en la ciudadanía el temor y la inseguridad.

El rumbo que está tomando nuestra sociedad es el de entrar en una espiral de violencia generada por el miedo y la inseguridad, que en primera instancia está instalada en los propios adolescentes, que crecen sin verse proyectados en un futuro promisorio.

Pensar en el problema para resolverlo, vale la pena; pero hay mucho negocio en la represión, en las empresas de seguridad y en la construcción de cárceles y en el trabajo carcelario.

                                                                                       Jorge Pérez