La dialéctica de la inseguridad ciudadana.

La situación que vive el país en cuanto al incremento de la violencia desde hace ya varios años ha generado una sensación muy profunda de inseguridad en las masas populares.

Este tema debe ser encarado por los comunistas revolucionarios desde el punto de vista de clase del proletariado, ya que está siendo utilizado por la reacción para tratar de incluir reformas constitucionales, o medidas de excepción con el fin de establecer un endurecimiento del control social en beneficio de las clases dominantes de nuestro país.

Desde una mirada con perspectiva de clase, el proletariado debe impulsar sus propios proyectos de inclusión social de las capas más desprotegidas de nuestra sociedad, y de combate al lumpemproletariado que desde una perspectiva marxista-leninista no es sinónimo de pobreza, sino de prácticas sociales marginales a la organización de la producción, apropiación y la distribución y consumo de bienes y servicios.

A la vez este combate, no necesariamente debe ser sinónimo de represión, sino que por el contrario, debe encararse por el lado de la contención, el desarrollo de la educación que incluya a los hijos de las clases trabajadoras, la defensa de los derechos humanos como salud, vivienda, formación laboral y desarrollo familiar en un contexto digno e inclusivo en lo familiar, barrial, cultural y relacional.

Desde hace ya varios años, vienen sucediendo hechos de violencia grave, muchos de ellos con resultado de muerte en nuestro país.

Esta situación ha generado un sentimiento colectivo de inseguridad en la sociedad uruguaya, comúnmente denominada “inseguridad ciudadana”.

Es una sensación que se da en el colectivo que tiene fundamentos reales y concretos, dada por la práctica social violenta de grupos o individuos, marginales o no que impactan en la convivencia.

Muchos de estos hechos de violencia, tal vez la mayoría se dan en el contexto de una acción delictiva como rapiñas, homicidios por venganza o en la lucha de poderes de bandas dedicadas a delitos como el tráfico de drogas, y otros tantos en un ámbito grupal y familiar, de pareja e inclusive hacia los niños. Cada vez se hacen más abarcativas territorialmente hablando, llegando ya a departamentos del interior. Es decir, que la violencia tiene diversas causalidades y es ejercida por individuos de todas las clases sociales y por diversos motivos en todo el país.

Debemos reconocer que existen grupos sociales que viven por generaciones marginados del mundo del trabajo, y es aventurado, es difícil concebir que una vida vinculada al delito sea por elección en los sectores sociales más carenciados. Por el contrario, creemos que sus acciones en este caso son adoptadas como estrategias de supervivencia, al no tener posibilidades de acceso al trabajo, la educación y la cultura dominante, como consecuencia de las condiciones materiales de vida en las que se desarrollan sus individuos. Tampoco son alcanzados por ideologías que permean la sociedad aún sin ser superadoras del estatus quo dominante en la sociedad capitalista, de país dependiente que vivimos.

Debemos decir también, que la cultura consumista de nuestros tiempos, que asimila el ser al tener, amplía las posibilidades de la infracción penal, ya que la obtención a cualquier precio de bienes materiales genera en el individuo la fantasía de inclusión social y equidad con los que sí tienen acceso a ellos mediante el trabajo, la educación, etc.

En los barrios cuyos cuerpos sociales no estaban habituados a estos tipos de hechos, el impacto y la alarma es mayor, aunque ya hace unos años que están sufriendo lo mismo que en Montevideo y zona metropolitana. La conducta paranoica se instala en los colectivos y se comienza a ver al otro como una posible amenaza.

La realidad concreta en estos momentos muestra un sentimiento de inseguridad cuasi irracional en la sociedad en general, que es aprovechada políticamente por las clases dominantes, y amplificada enormemente por los grandes medios de difusión, donde un gran porcentaje de las noticias están dedicadas a la información policial, sobre todo a aquellas que tienen un gran componente de violencia.

Joseph Pulitzer y William Randolph Hearts, famosos periodistas y magnates norteamericanos de fines del siglo diecinueve, creadores en competencia del llamado periodismo amarillista, impusieron la máxima de “sexo, violencia y crimen (sangre)”, como regla general para llegar al público y vender periódicos masivamente. Esa regla es aplicada desde entonces por los grandes medios de prensa del mundo, y es propia del mundo capitalista como forma de manipulación de las grandes masas. Un extranjero del tercer mundo en Europa es un posible terrorista, un hombre mal vestido puede ser un delincuente en nuestra América, un joven con gorro de visera puede ser un menor infractor, y así llegamos a la calificación negativa según las apariencias y a la estigmatización que provoca la marginación de gran cantidad de integrantes de nuestra sociedad.

En el Uruguay “progresista” de nuestros días, sufrimos un incremento de la violencia sin lugar a duda y el Ministerio del Interior no da en la tecla para ir corrigiendo el problema. O por lo menos se da una inacción policial una falta de resultados en la solución de problemas de índole infraccional a pesar de tener buenos equipamientos, recursos materiales y humanos suficientes, el delito campea en los barrios, aumentaron en forma significante los femicidios mostrando una pretensión cuasi inconsciente  de reafirmación en muchos sujetos de una cultura patriarcal que trajo aparejado una forma de resolución de conflictos que incluye  la cosificación de la mujer de parte de los hombres, que establecen una relación de propiedad de objeto respecto a sus parejas e hijos, en lugar de relaciones sentimentales amorosas y de empatía humanizante en los vínculos establecidos.

En cuanto a la marginalidad de sectores cada vez mas numerosos de la pauperizada clase obrera y pequeños productores y peones rurales, consideramos que es un elemento determinante en la situación que vive el país en materia de seguridad, pero de otra índole. En estos casos la clase trabajadora pauperizada siente la inseguridad en el temor de no poder sostener a sus familias, brindarles los elementos materiales básicos para el desarrollo de una vida digna y la pérdida de sus menguados medios de vida. No todos los elementos de la clase en esta situación se lumpenizan al grado de caer en la infracción a la ley penal, pero tiene mucho menos prensa un conflicto por despido de trabajadores como el caso de la empresa imperialista BIMBO que los hechos cometidos en una acción de infracción a la ley penal.

Vivir sin miedo.

Es en este contexto que Larrañaga lanza la campaña de firmas para realizar un plebiscito para reformar la constitución de la república, haciendo hincapié en poner militares a patrullar las calles e intervenir en la represión a los delitos y otorgar la impunidad a los aparatos represivos de realizar allanamientos de moradas en horas de la noche. Utilizando oportunistamente la sensación de inseguridad que vive la población, la derecha de los partidos tradicionales, que se quiere sacudir a la derecha “progresista” instalando en la sociedad el pensamiento mágico, de que con los militares en las calles y con una mayor represión se terminará con el delito, ha tomado el camino de endurecer las penas y favorecer el gatillo fácil. Y comienza la campaña de recolección de firmas y en algunos casos quienes llevan adelante esa militancia, tratan de amedrentar a quienes no firman. Pensamos que se está transitando un terreno peligroso, que lejos de brindar seguridad acrecienta el conflicto en la sociedad uruguaya y en este caso, podemos decir que se está apelando a los sentimientos y acciones más reaccionarias y antipopulares desde el pachecato y la dictadura del ’73 en adelante sin tomar en cuenta soluciones razonadas para este problema.

Tan profundo llega el mensaje reaccionario del Partido Nacional y Novick, sobre todo, que se ven hasta militantes sindicales haciendo campaña y juntando firmas del “Vivir Sin miedo”.

Guillermo Facello del sector del Partido de la Gente de Edgardo Novick, plantea directamente implantar “medidas prontas de seguridad” igual que en el pachecato de dónde el proviene, argumentando que estamos viviendo un estado de conmoción interna.

En Toledo, otro personaje proveniente de la JUP, el Edil Departamental por el Partido Colorado de Canelones Alfredo Silva organiza patrullajes civiles con vecinos en la zona, usan chalecos antibalas, gas pimienta, y paran a vecinos “sospechosos” para hacer averiguaciones. Total, ausencia del Estado en estas actuaciones.

Mas allá de la utilización política del problema de la violencia por parte de los partidos tradicionales y la nueva derecha del Partido de la Gente que vinculan solamente esta realidad al tema de la delincuencia y a la protección de la sacrosanta propiedad privada, debemos reconocer que las manifestaciones de ciudadanos en todo el país en referencia al tema, tienen fundamento en la realidad concreta, y estos ciudadanos en estado emocional que linda con la paranoia son utilizados para fines propios por parte de políticos reaccionarios haciéndoles reivindicar un estado represivo que luego irá en contra de los intereses de las grandes masas, con pérdida de libertades, derechos a la libre expresión y manifestación, que terminan no solucionando el problema de la inseguridad, sino duplicándola ya que al tema de la violencia, se sumarán los abusos de poder del Estado que tendrá la legitimación legal del ejercicio de la represión y el control social total y que es también violencia, aunque proveniente de lo institucionalizado. Conclusión, inseguridad del ciudadano común duplicado en dos frentes: el de la marginalidad, y el del propio Estado.

Omisión del Estado y movilización popular.

Los uruguayos están sufriendo en carne propia las políticas del Gobierno en referencia a la seguridad pública y la falta de respuestas a sus necesidades concretas que no son otras que salir a trabajar o a estudiar y volver sin contratiempos a sus hogares.

Las movilizaciones espontáneas en la mayoría de los casos surgen a partir de la muerte de familiares o vecinos de un centro poblado, a la cantidad de hurtos o rapiñas que se dan en una zona sin respuesta policial, y también en los casos de violencia doméstica o hacia la mujer. Cabe preguntarse por que hay tanta incapacidad de respuesta de las instituciones involucradas con el orden en estos casos, y se actúa desde el Estado con tanta premura en casos como el de la ocupación de Bimbo, o la lucha con ocupación de gremios de trabajadores públicos, donde inmediatamente se decreta la esencialidad de los servicios y se manda a reprimir.

Si pensamos dialécticamente el problema, debemos comprender que cada hecho lleva incluido su contrario. Pedimos mayor represión, más policía y en tiempos de rendición de cuentas logramos mayor presupuesto para el ministerio del Interior, (alrededor de 700 millones de dólares) y Defensa en segundo lugar, quedando chauchas y palitos para la educación que no llega ni aun 4,5% del presupuesto, y mucho menos a salud y Vivienda.

 O sea que se movilizan por todos lados para mejorar las condiciones de vida, y “Vivir sin Miedo”, y se termina aumentando el miedo y las arcas del Ministerio que mas gasta en cámaras de seguridad e implementos de represión que luego usa contra la clase obrera y el pueblo y no contra el narcotráfico y los que actúan fuera de la ley.

Podemos tener el país lleno de cámaras de seguridad; una en cada esquina; pero si no tenemos un móvil policial trabajando en la prevención, no tendremos un descenso de la violencia. Si no tenemos trabajo digno, Educación, Salud y Vivienda dignas, y no defendemos el trabajo y la producción nacional para los uruguayos con salarios dignos que permitan el desarrollo de nuestra sociedad, no podemos hablar de seguridad para la clase obrera y el pueblo.

Los millonarios ya están asegurados hace rato.

                                                         Jorge Pérez