Compañeros y  compañeras, vecinos de Canelones.

En medio de una avanzada reaccionaria de la derecha y ultraderecha representada en la coalición multicolor, que se prepara hacia el 2024 para formar coalición también en Canelones, debemos prepararnos más temprano que tarde para dar batalla  defendiendo los intereses de la clase trabajadora y el pueblo, que fueron dejados de lado también por el progresismo hoy gobernante en  el departamento. Los trabajadores asalariados, los pequeños y medianos productores, artesanos, pequeños emprendedores de la ciudad y el campo, son aquellos que necesitan organizarse para construir un futuro promisorio, donde la defensa del trabajo y la producción nacional sean el centro de la lucha por un desarrollo integral del departamento y sus habitantes. En esa instancia debe estar la Unidad Popular con su programa revolucionario por un Uruguay más justo y solidario.

 Durante el gobierno del Frente Amplio, se ejerció una política continuista. Se reafirmó el compromiso con el FMI y los organismos internacionales controlados por el imperialismo. Se pagó sistemáticamente la oprobiosa, usuraria e ilegítima deuda externa. Hubo una concentración y extranjerización de la economía gigantesca, en la tierra, los monocultivos forestal y sojero, los frigoríficos, las curtiembres, la cerveza, el arroz, el gas, la banca, el comercio, las cadenas de supermercados, el sector financiero, etc. No hubo un salariazo acorde a las necesidades de los/as trabajadores/as y el pueblo, mientras se mantuvieron las exenciones impositivas a los monopolios inversores.

En conclusión, se ajustó a la división internacional del trabajo imperialista, por lo que agravó la reprimarización de la economía y la desindustrialización. En esencia, esta política continuista estuvo al servicio de la oligarquía, del capital financiero, de la gran burguesía intermediaria y del imperialismo. Y como consecuencia de la crisis económica y social generada por esta política, amplios sectores populares a la hora de votar canalizaron su disconformidad para abrirle paso a la derecha y ultraderecha con componentes fascistas, integrada por un partido militar, en cuyo seno hay elementos que intervinieron en la dictadura.

La crisis económica capitalista-imperialista internacional, potenciada por la pandemia, se vio agudizada en nuestro país por la crisis sanitaria iniciada en marzo de 2020. A través de un brutal ajuste, el gobierno claramente busca que la crisis la paguemos la clase trabajadora y el pueblo. En 2020 ahorró U$S 660 millones.

Así, creció la cantidad de personas desocupadas y enviadas al seguro de paro, actualmente 185.000 y 70.000 respectivamente. Desde el inicio de la pandemia hasta julio de 2021, hay 50.000 desocupados/as más.

A esto se suma un elemento central de este gobierno antipopular: la rebaja salarial. De no revertir la ley de presupuesto votada el año pasado, las/os funcionarias/os públicos estiran la rebaja salarial hasta 2024 por lo menos. En el caso del sector privado, el Ministerio de Trabajo presentó las pautas para la nueva ronda. Plantea acuerdos a dos años para los sectores con “menos problemas”, con ajustes semestrales por inflación futura y cierta recuperación de lo perdido en el “acuerdo puente” 2020, en total 2,5%. Para los sectores “con más problemas” los acuerdos serían más cortos, a un año, y con un nuevo “puente”, solo con un aumento nominal del 3% en enero, mientras la inflación supera el 7%. A menos que se lo arranquemos con lucha, el gobierno y las cámaras empresariales no están dispuestos a incrementar para recuperar la rebaja salarial del 2020 ni mucho menos reforzar los salarios más sumergidos. Urge exigir la recuperación del salario perdido en 2020 y que se ajuste por el 100% de la inflación pasada como base.

En materia salarial, cabe mencionar que en 2020 el gobierno dispuso la quita compulsiva a salarios de más de $80.000 en el ámbito público, cuando la canasta básica familiar supera ese monto, buscando enfrentar a las/os trabajadoras/es entre sí en lugar de quitarle a los ricos del Uruguay. Posteriormente, modificó el criterio de la base de cálculo de los de por sí nefastos IRPF e IASS: para ahorrar, le convino más ajustar la BPC por el Índice Medio de Salarios que por inflación.

El costo de la vida ha aumentado drásticamente. La canasta hoy vale $100.000. Además, el gobierno ha aplicado tarifazos, con aumento del precio del combustible y suba del precio de la garrafa en pleno invierno, a la vez que la Intendencia de Montevideo ha subido el boleto.

Decimos que es el gobierno del hambre: 140.000 personas comen en ollas y merenderos populares (a diciembre 2020). La solidaridad popular fue protagonista: sindicatos, gremios, organizaciones barriales y territoriales, colectivos feministas, etc. tendieron las redes para intentar asegurar el plato de comida o una canasta a los hogares más pobres.

El gobierno desoyó las recomendaciones de colectivos médicos y científicos para enfrentar la pandemia. Fue de los que menos invirtió en combatirla, no generó subsidios para trabajadoras/es cuentapropistas, artesanos/as, vendedoras/es ambulantes...

 

En este contexto, la Unidad Popular debe transformarse en la herramienta política de los más desposeídos, de la gente de trabajo, de la juventud postergada, de las mujeres trabajadoras, de los obreros y estudiantes que hoy sufren la crisis económica profundizada por la pandemia y las medidas tomadas por este gobierno que dejó a cientos de miles de mujeres y hombres de la clase trabajadora en la pobreza más indignante.

 

Estamos reorganizando a nuestra fuerza política en Canelones. Llevamos varias reuniones con la conformación del Coordinador de UP en Canelones, y debemos incorporar a la lucha a todos los militantes del departamento y a todos los hombres y mujeres que se ven golpeados por esta crisis que acarrea el sistema, caracterizada por el aumento del desempleo, la rebaja salarial, la poca inversión en salud, educación pública y la amenaza de una reforma jubilatoria que aumenta la edad de retiro y rebaja el monto de las jubilaciones de las próximas generaciones, así como universaliza el sistema de las AFAPS a todos los trabajadores, aún aquellos que tienen un ingreso mínimo, desfinanciando aún más al BPS favoreciendo a los especuladores privados.

Es de suma importancia para nuestro desarrollo, estar apoyando todas las luchas de los trabajadores. La batalla por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, donde la clase trabajadora y el pueblo obtuvieron más de 800 mil firmas para lograr el referéndum tiene en estos momentos gran importancia, porque allí están las masas trabajadoras. Nos hubiese gustado derogar toda la Ley, pero no es poco haber logrado en este contexto donde predomina el reformismo progresista  en el movimiento popular, haber logrado la movilización en un frente anti LUC que llevó a que miles de uruguayos comenzaran a comprender el sentido de esta ley reaccionaria que atenta contra muchos intereses de la clase trabajadora, además de tomar conciencia de cómo se está gobernando en favor de la concentración de la riqueza en pocas manos, y como se desmantela el aparato productivo estatal en beneficio de las multinacionales imperialistas y de los privados en nuestro país.

Sabemos que el progresismo oportunista no tiene la solución a los problemas de la gente de trabajo. Por eso ponemos en la Unidad Popular toda la fuerza para  llevar su programa a todos los lugares del departamento canario.

Quedamos en el compromiso de trabajar organizados para el desarrollo de la fuerza política que seguramente luchará por siempre por la pública felicidad.

                                       
Unidad Popular Canelones.