viernes, 24 de septiembre de 2010

Uruguay - Año 4 - nº798 - Jueves, 23/09/10

Comunicado del Comité de los Derechos del Niño

A la opinión publica:

El Comité de los Derechos del Niño Uruguay, ante la actual coyuntura de permanente alusión desde diversos sectores a la violencia protagonizada por niños, niñas y adolescentes, quiere expresar su preocupación en cuanto a los siguientes temas:

a) No es cierto que los delitos sean protagonizados por niños cada vez más chicos y en actos cada vez más violentos. Las investigaciones indican, desde la década de los ‘90 a la fecha, que estos hechos se mantienen sin grandes variaciones en el país. Los argumentos utilizados día a día desde los sectores políticos y amplificados en los medios de comunicación, carecen de sustento técnico que los avale. Los últimos datos publicados por UNICEF indican que la cantidad de delitos protagonizados por los adolescentes en Uruguay es de un 4,5% del total de los cometidos en el país, siendo la abrumadora mayoría (95,5%) realizada por adultos.

b) En nuestro país poseemos un sistema de responsabilidad que imputa a la población de entre 13 y 18 años la comisión de delitos, que incluye un procedimiento judicial del cual puede resultar una pena de privación de libertad (que se ejecuta en una cárcel mal llamada “hogar”). Plantear el tema de la rebaja de la edad de imputabilidad es ejercicio de retórica punitiva, selectiva, ineficaz y engañosa.

c) Según la normativa internacional ratificada por nuestro país, la privación de libertad debe ser una sanción excepcional en el terreno de la adolescencia, porque la comunidad internacional reconoce que la cárcel, más que aportar una solución, agrava la situación. Deben transitarse otros caminos que busquen dar una solución adecuada a este tipo de conflictos que no nos lleven a un camino sin salida. La muestra está en la actual situación de INAU, que a pesar de haber recibido en la pasada administración un flujo importante de recursos económicos y humanos para este tema, no logra dar respuestas a la temática reproduciendo y agravando desde hace muchos años este problema estructural.

d) Por diferentes razones (posiblemente visibilidad, generación de consensos, rédito electoral, etc.) se sitúa esta temática del cambio legislativo como cuestión de primer orden en la agenda pública. Sin embargo, recordamos que, tal como lo constató y denunció el Relator Contra la Tortura, las condiciones de privación de libertad de los adolescentes en el país están lejos de los mínimos internacionales aceptables (20 horas de encierro, hacinamiento, medicalización, ausencia de propuestas socioeducativas, tratos crueles, entre otros). Y las lógicas instaladas no son avanzar en el terreno de las penas alternativas sino reproducir más y mayor encierro, alimentando un circuito de reproducción de la violencia que no termina nunca.

e) Si el camino a seguir incluye la rebaja de la edad de imputabilidad, la eliminación del artículo sobre antecedentes, el agravamiento de las penas de privación de libertad, el alojamiento en contenedores, en definitiva MÁS CARCEL, se estará renunciando a garantías y haciendo concesiones al autoritarismo. Si nuestros representantes y gobernantes están dispuestos a generar políticas criminales y convertir en leyes el clamor popular que identifica a los adolescentes como el enemigo del que la sociedad debe defenderse, ¿cuál será el próximo paso?

LA CRISIS ESTRUCTURAL DE LAS CÁRCELES EN EL TERRENO DE LOS ADULTOS Y MAS AÚN DE LOS ADOLESCENTES ES IRREFUTABLE, POR LO QUE EL CAMINO ES MENOS Y MEJOR CÁRCEL.

Comité de los Derechos del Niño – Uruguay


Denuncian al INAU por torturas

“El hacinamiento implica intrínsecamente un trato degradante e inhumano, y si se lo tolera y admite, se perpetra el delito de tortura”, señala la denuncia que el abogado penalista Gustavo Salle, presentó el pasado 8 de setiembre, a través de la cual solicitó se investigue a las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). El abogado entiende que desde el INAU se está incurriendo en un presunto delito de “tortura”, tal cual lo establece el artículo 22 de la ley 18026. La normativa señala que “cualquier forma de tortura a una persona privada de libertad o bajo su custodia o control, o a una persona que comparezca la autoridad en calidad de testigo, perito o similar, será castigado con veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría”. En la denuncia, Salle agrega que “las máximas autoridades del INAU, en la medida que permiten el hacinamiento, estarían incurriendo en esa figura delictiva de lesa humanidad”.

La denuncia fue recibida por la fiscal Diana Salvo, quien se pronunció a iniciar la indagatoria, para lo cual solicitó a la jueza Mariana Mota la citación de Salle para que ratifique la denuncia, y la del directorio del INAU, en calidad de indagados.

El abogado sostuvo en la denuncia que “en un Estado de Derecho es absolutamente inadmisible que el propio Estado encargado de hacer las leyes y asegurar su estricto cumplimiento sea el primero en vulnerarlas en forma grave mediante la consumación de conductas criminales de lesa humanidad”.

En otro orden, Salle presentará además, en el día de hoy, una medida cautelar que prohíba al INAU la utilización de módulos metálicos para albergar adolescentes, ya que de esta manera, “se profundiza el tratamiento degradante para los internos”. El INAU gasta actualmente entre U$S 2500 y U$S 3500 mensuales por cada adolescente privado de libertad.

(El País, pág. A10; 23/09/2010)



INAU. Proyecto de ley de presupuesto I

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) presentó también ayer su proyecto de ley presupuestal ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Desde el INAU se entiende necesario “un aumento de cobertura y mejora de la calidad de los servicios”; para esto, se propuso como meta de cara al próximo lustro, la creación de 144 Centros de Atención a la Infancia y la Familia.

Para el directorio del organismo la expansión de los CAIF apunta a la promoción de “ámbitos donde convivan aquellos niños identificados como ‘socialmente vulnerados’, con otros que no lo son, habilitando el efectivo encuentro entre distintos sectores sociales, como camino para desandar procesos de fragmentación social”. Al respecto, el diputado del Partido Nacional, José Carlos Cardoso, aseguró que el organismo “presentó un presupuesto ajustado al compromiso de la comisión multipartidaria de enero al prever la creación” de los CAIF, “y eso lo saludamos”.

Sobre las adopciones, el texto señala que “se impone la necesidad de continuar promoviendo la no internación, así como la desinternación”.

El proyecto de ley presupuestal incluye un anexo donde se advierte sobre la “fuerte inequidad respecto a protección y acceso a bienestar entre las generaciones”. El texto agrega que en Montevideo, mientras el 44% de los niños y niñas de entre 0 y 5 años se encuentran en situación de pobreza, ésta afecta al 9% de la población mayor de 65 años. Para el directorio del INAU, esta inequidad, “instalada en el tiempo exige establecer prioridades en materia de políticas públicas, y una asignación de refuerzos presupuestales a mediano y largo plazo si se pretende” revertir tal situación.

Durante el período 2004-2009, el INAU incrementó en un 80%, la atención a niñas y niños de entre 0 y 5 años.

(La República, Matías Rótulo, págs. 32-33; Últimas Noticias, pág. 7; 23/09/2010)


Mides. Proyecto de ley de presupuesto II

La ministra de Desarrollo Social, Ana María Viñoly, y el subsecretario de la cartera, Lauro Meléndez, se presentaron ayer ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, donde se analizó la partida presupuestal prevista para el próximo quinquenio. Las autoridades del Mides, señalaron que se mantendrán los programas implementados durante la pasada administración, como el Plan de Equidad, pero también se incorporarán nuevos programas asistenciales. Respecto al Plan de Equidad, Viñoly y Meléndez expresaron su intención de que el mismo alcance 500 mil niñas y niños en los próximos cinco años. Actualmente, los beneficiarios llegan a 400 mil.

El diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, expresó su apoyo crítico al Plan de Equidad, y exigió que se profundicen los controles sobre las contrapartidas, en especial las referentes a la asistencia de los beneficiarios al sistema educativo. “El esfuerzo que la sociedad hace con cientos de millones de dólares a través de las Asignaciones Familiares no debe quedar solamente en un subsidio sino que se debe controlar la asistencia a la escuela y al liceo”, expresó Abdala.

Al respecto, el subsecretario Meléndez reconoció que la administración anterior tuvo “dificultades” para llevar adelante ese control, agregando que todos los relevamientos que se hicieron al respecto, indican que dicha contrapartida no se cumplió de manera efectiva.

(El País, Daniel Isgleas, pág. A10; 23/09/2010)


Autoridades del CETP elevan sumario a dirigente sindical

El Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) resolvió iniciar un sumario con separación de cargo y retención de la mitad del sueldo, a uno de los principales dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu), Andrés Olivetti, luego de haber detectado que no cumplió con el deber de registrar el contenido de lo que dictaba en clase.

Ismael Olivera, presidente de Afutu, catalogó la medida tomada por parte del Consejo como una “persecución sindical”, y recordó que Olivetti ha sido uno de los que más ha estado trabajando en temas de presupuestos dentro del gremio. “Entendimos que se trataba, en parte, de una persecución sindical” señaló Olivera. Además criticó que el sumario se comunicó en “plena etapa de discusión parlamentaria”.

Por su parte, Juan José de los Santos, integrante de las anterior administración, manifestó estar en desacuerdo con las medidas tomadas por parte del Consejo, ya que el tratamiento que tuvieron con Olivetti fue distinto al de cualquier otro funcionario de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

(Búsqueda, Guillermo Draper, pág. 16; 23/09/2010)


Redacción: Joaquín Paradiso y Rafael Rey
Edición: Joaquín Paradiso

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