La lucha por el presupuesto y en contra de la reforma del Estado marca el continuismo neoliberal del gobierno.

Los meses de setiembre y octubre estuvieron marcados por la lucha de los trabajadores estatales, por el presupuesto y en contra de esta llamada reforma del estado, que realmente de lo que se trata es de una reforma de la administración central, que apunta únicamente a precarizar el empleo, a quitarle derechos a los trabajadores públicos y a dar a privados la explotación de áreas estratégicas y de infraestructura que hoy están en manos del Estado.

Más allá de los resultados de la lucha en lo que hace a las reivindicaciones salariales y a la regularización de todos los contratos precarios en el estado, en primer término debemos destacar la resistencia a estas políticas del gobierno manifestada por los trabajadores durante el período. Esto marca una nueva etapa en la larga lucha de los trabajadores por una redistribución justa de la riqueza y por un sistema social justo y solidario.

El desarrollo dialéctico de los acontecimientos, dinamizado por la lucha interna dentro del movimiento sindical provocada por el empuje de las masas desde abajo, sacó por un tiempo de las manos del oportunismo dentro del movimiento obrero estudiantil la conducción de la lucha en varios sectores y en diferentes períodos. Eso llevó a que se lograran varios paros en la enseñanza, ocupaciones de fábricas, paros generales parciales y un paro general de 24 horas en algo mas de seis meses de gobierno mujiquista. También llevó a que se realizaran piquetes con cortes de la ruta 3 en Salto, movilizaciones en Colonia, cierre de aduanas, de la actividad bancaria y estuviera la Carpa de la Dignidad en la explanada de la Universidad y la Carpa de Cofe frente al Palacio Legislativo, donde se realizaron cortes de calle con volanteadas y una quema de cubiertas de los trabajadores de AFUR. Es que la justeza de los reclamos de los trabajadores, la tozudez del gobierno en cumplir a rajatabla con los mandatos del FMI, del BM y del BID y el alza en los productos de la canasta alimentaria que hoy los trabajadores pagamos a precios del primer mundo con salarios del tercero, obligan a la lucha aún a los sectores más oportunistas y reformistas dentro del campo popular.

Sin embargo, si no estamos ahí, en el seno del movimiento popular y sus organizaciones, quienes pretendemos llevar la lucha de clases hasta el final, muy otros hubiesen sido los caminos que tomó la pelea en estos últimos tiempos. Aún reconociendo que nuestras fuerzas son pequeñas y no dio para mayores logros, tenemos que decir que el pueblo trabajador va tomando experiencia nuevamente en la lucha callejera y en la lucha propagandística, desenmascarando al gobierno del oportunismo que hoy nos tiene sometidos a sus políticas de entrega al imperialismo y que agranda aún más la brecha entre ricos y pobres.

No será el mismo país después de este 2010. Las fuerzas clasistas comienzan a agruparse para luchar, y dar la pelea en el seno del movimiento sindical y estudiantil, en contra de los “caballos de Troya” del gobierno, como los integrantes del grupo Articulación. La polémica en referencia a si este paro de 24 horas del día 7 de octubre fue contra el gobierno o contra la oligarquía y las clases dominantes, debemos decir que luchar contra uno es luchar contra el otro, porque vemos muy unido a este gobierno a las clases dominantes con sus políticas pro imperialistas y pro oligárquicas, donde la carga impositiva recae sobre los trabajadores, los aumentos de la canasta alimentaria son del primer mundo, y la desocupación campea en industrias importantes como la carne y la metalúrgica y la tercerización de servicios permite la súper explotación de trabajadores.

Lo que votaron los partidos con representación parlamentaria en este presupuesto.

En el artículo 4º de esta ley de presupuesto, salimos perjudicados en el salario, corriendo riesgo de tener una gran rebaja salarial en el período, sin posibilidades de recuperación.

Según la legislación vigente, si la inflación se ubica entre un 10% y un 23% en el período de un año, los ajustes de los salarios se hacen automáticamente cada cuatro o seis meses, para de esa forma recuperar el salario real perdido por dicha suba de precios.

Sin embargo el proyecto de presupuesto votado ya en diputados, indica que los ajustes da sueldos se harán solamente si la inflación pasa el 10% antes del primer semestre del año, y no serán ajustes automáticos, sino que se podrá solamente llevar la discusión a los ámbitos de negociación colectiva, es decir el Consejo Superior de Negociación Colectiva. Esto no asegura ni obliga por ninguna parte a que haya ajuste salarial alguno.

En cuanto a la precarización del empleo, en el artículo 55º que habla de los contratos temporales, sólo se habilita un prorroga de dichos contratos eventuales por un máximo de tres años, luego de los cuales el trabajador quedaría fuera de la plantilla de recursos humanos del inciso.

En el artículo 67º se habilitan los contratos regidos por el derecho laboral privado en el estado, lo cual atenta contra el derecho a la carrera administrativa, a ganar el mismo salario por una misma función, y habilita el despido del trabajador sin causal justificada.

En la sección II de esta rendición de cuentas, se incluye todo el capítulo que introduce temas que hacen a la reforma del Estado.

Este gobierno ha creado toda una campaña de desprestigio en contra de los trabajadores estatales con el fin de introducir esta reforma anti popular. Habla de privilegios de los trabajadores públicos, cuando tenemos derechos adquiridos mediante la lucha de años, y son derechos que refieren a la seguridad en el trabajo pero que no nos da privilegios, ya que las causales para ser destituidos existen y no son otras que la ineptitud para ejercer el cargo, el dolo y las faltas graves o faltas reiteradas a cumplir con el servicio. Lo que se debe hacer en este país, es llevar a los trabajadores privados a la seguridad laboral que tenemos algunos trabajadores públicos, (porque tampoco todos estamos en las mismas condiciones, y basta con que algún legislador se digne a venir a la Colonia Berro para ver como trabajamos los educadores en este establecimiento y en que condiciones, como en otros centros de internados del INAU) en lugar de bajar a los trabajadores públicos a las condiciones del mercado como la sufren los trabajadores privados, con las bajas de los salarios, las pérdidas constantes de sus fuentes de trabajo, etc.

Cifras muestran que se puede mejorar la situación de los trabajadores.

La situación actual en cuanto a crecimiento del Producto Bruto Interno estaría demostrando que el país tiene posibilidades de mejorar la situación de los trabajadores, de brindar mejores servicios en Salud y Educación, e incluso llevar más seguridad a la población en general, y no nos estamos refiriendo a los proyectos de seguridad ciudadana, sino a la seguridad integral, asegurando a todos los uruguayos el acceso a la vivienda digna, a la salud, la educación y recreación, para que tengamos que tener menos gente presa, menos gurises sin futuro y más familias cumpliendo con el rol de continencia afectiva y material de sus hijos y educación, como grupo primario en el desarrollo de la niñez y la adolescencia de nuestro país.

Y esas cifras a las que nos referimos, hablan de que el aumento del PBI en el primer trimestre del 2010, respecto al mismo período del año anterior fue de un 9,6%, mientras que en el segundo trimestre del 2010 aumentó otro 2,6%.

El consumo creció un 9,4% en el mismo período, y según cifras del Poder Ejecutivo, el desempleo se ubicó en un 6,2%. Según cifras del Banco Central del Uruguay, el PBI crecerá un 7,03% en el 2010 y un 4,5% en el 2011.

Sin embargo, desde el 2009, el 10% de la población de mayor nivel económico concentra el 32% de los ingresos según cifras oficiales, y se calcula que ese ingreso es aún mucho mayor, ya que lo no declarado por las clases dominantes respecto a sus ingresos y patrimonio familiar es de importante cuantía, mientras que el 20% de la población más pobre alcanza al 5,7% de la riqueza generada socialmente. Esto demuestra cómo se agranda la brecha entre ricos y pobres en este país, y también que este presupuesto que ya se votó en el parlamento, que niega el 6% para la educación pública, que deteriora el salario de los trabajadores públicos y privados, es presentado por un gobierno que no invierte para consolidar un país productivo, que vende la tierra a extranjeros y pretende asociar las empresas públicas con privados, destina la mayor parte de los ingresos al pago de la deuda externa, por la cual debe pagar en los próximos meses unos 4 mil millones de dólares de intereses.

Por todo lo expresado, el movimiento sindical debe tomar distancia de este gobierno, dar la lucha consecuente por un país soberano, por la liberación nacional y el socialismo.

Jorge Pérez