SIRPA.

Desaguisado tras desaguisado

Los hechos ocurridos en el mes de mayo en el SIRPA, a los que se suman los ocurridos en el mes de abril, llevaron a diferentes cambios en Colonia Berro y tal vez en otros hogares de Montevideo, según trascendidos de prensa.
Renuncias de autoridades, remoción de cargos de responsabilidad, y nuevos funcionarios llamados a ocupar los lugares dejados por los “renunciantes”; en fin, nada nuevo bajo el sol. La creación de funciones encargadas, que transforma a los funcionarios en fusibles intercambiables ante cada crisis que sufre el sistema de seguridad penal juvenil, permitido por el modo de acceder a  encargaturas dadas a dedo, hace posible que se continúe con un sistema perverso y de muy malos resultados para los trabajadores y para el funcionamiento institucional. Este modo de dar funciones encargadas a conocidos, fomenta el amiguismo, no mejora los servicios sino que los empeora, y entorpece la creación de la carrera funcional administrativa como indica la ley. ¿En que quedó la promesa de que todos los cargos de responsabilidad se iban a realizar mediante concursos abiertos?

Seguimos trabajando en pésimas condiciones, en un régimen que destruye a los trabajadores, los enferma, y la inseguridad se profundiza aunque se construyan más perimetrales, se pongan serpentinas tipo campos de concentración, alambres de púa, y guardias perimetrales del Ministerio del Interior que en los momentos precisos muchas veces no están.

El contexto social también colabora para que todo se desbarranque. Los políticos y los grandes medios de comunicación masiva, junto al Poder Judicial se atraviesan de forma negativa generando una crisis en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que debido a la presión constante sufrida, se resquebraja y se cae en medio de la carencia de recursos humanos y materiales necesarios para realizar las funciones educativas, de contención psicológica y material de los jóvenes atendidos con la eficacia necesaria, en tiempos en que aumentó en un 56% la cantidad de  niños y adolescentes presos en nuestro país.

La derecha ha impuesto en el contexto social su ideología punitiva que influye en el pensamiento de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria, y se prepara para una ofensiva final en contra de los proyectos democrático-populares, imponiendo en  su trabajo de masas a través de los medios de comunicación la sensación de inseguridad pública, la necesidad de la baja de imputabilidad de los jóvenes de 18 a 16 años de edad, penas más duras para los adolescentes, la construcción de más cárceles y hasta la intervención del ejército en tareas de seguridad ciudadana. Todo eso con la anuencia de un gobierno “Progresista”, cuyo timonel no tiene un rumbo seguro a seguir y  en su pragmatismo, termina casado con la derecha más reaccionaria y de cuclillas ante el imperialismo que le impone las políticas económicas generadoras de dependencia, desmantelando la salud pública,  la educación, extranjerizando la tierra productiva para inversiones en mega minería a cielo abierto, para el complejo forestal-celulósico, para plantaciones de soja transgénica, y recortando los salarios y las jubilaciones, haciendo que los trabajadores paguemos los efectos de la crisis capitalista mundial. Nada queda del proyecto de país productivo con justicia social que fue la bandera frenteamplista en la campaña política que lo llevó a  acceder a dos períodos de gobierno. Y lamentablemente, la mayoría de la dirigencia del movimiento sindical ha entregado la  independencia de la clase, y evita movilizar a las masas de trabajadores para resistir la ofensiva que desde el poder se pergeña, atacando los derechos de los trabajadores del Estado, en una clara flexibilización laboral y una precarización de la estabilidad laboral.

 El permitir atar el salario al compromiso de gestión, que no significa ni más ni menos que instalar la productividad en el empleo rompiendo de esta manera la idea de que a igual trabajo se pague igual salario, es otra perla del mismo collar, como lo es no pelear en serio contra la ley de participación público-privada, que no es otra cosa que privatizar servicios que brinda el estado mediante tercerizaciones de servicios o sociedades inconvenientes con privados, hechos que  también tienen consecuencias en la generación de más pobreza y marginación.

Los trabajos de inclusión social que también se deben realizar en nuestra institución, pensamos que no se adecuan a la situación social que estamos viviendo, y genera mayor cantidad de adolescentes en reclusión. Si fallan los sistema se seguridad en el encierro, también fallan los sistemas preventivos que evitarían que muchos jóvenes ingresaran al sistema, y también se está trabajando mal en los sistemas de sustitución de medidas a la privación de libertad, porque no existen los controles necesarios con los convenios para tener una información de primera mano en cuanto a los proyectos de inserción social, laboral y educativa que se deberían llevar a cabo, ni los trabajos en cuanto al seguimiento y apoyo familiar para evitar la reincidencia en la infracción juvenil.

Nos llegan noticias de renuncias y cambios; algunos pedidos, otros conminados por las autoridades. Pero el barco sigue con un rumbo trazado en los papeles, que nunca se llega a concretar. 15 millones de dólares salieron de Presidencia de la República para hacer que el SIRPA funcione. Decimos que si aún no ha echado a andar, no es por falta de compromiso de los trabajadores ni por falta de dinero, sino que se debe a que en cada cambio de mandos medios y no tan medios, el que viene es más inútil que el que se va, y los que realmente saben  hacer las cosas, o se enferman por una situación que los expone permanente al stress laboral, o porque los apoyos prometidos desde la institución se demoran demasiado o nunca llegan.

Por eso exigimos la formación permanente de los trabajadores, para que en un mediano plazo, tengamos cuadros profesionales que puedan tener mejor discernimiento y sentido común a la hora de tomar decisiones. No existen trabajadores con formación específica para la contención física de los jóvenes privados de libertad. No existen funcionarios guardia cárceles en el INAU ni siquiera en el SIRPA. Menos abundan los trabajadores con capacidad de dirigir los centros de privación de libertad; ese es un gran problema que tienen las autoridades también.

Es necesario un cuerpo de funcionarios especializados en educar socialmente a los jóvenes, especializados en talleres de inserción al mercado laboral mediante la enseñanza de oficios y docentes de primaria y secundaria para que los jóvenes ingresen o continúen sus actividades educativas formales, educadores sociales para educar en la convivencia en lo social amplio, educadores de taller que ayuden a desarrollar las aptitudes que cada joven tenga, para destacarse de alguna manera en actividades culturales, recreativas, deportivas, etc. , y también un cuerpo de funcionarios (diferente), cuya función sea de  guardia-cárceles que intervengan en la contención física de los internados. Dese ya, pensamos en una institución que se prepare para eso de una vez por todas, y que las promesas de cambio no queden en eso, solamente en promesas como viene sucediendo hasta ahora.

Hay una reestructura institucional en ciernes, que hasta el momento lo único que conocemos es un borrador que refiere a la escala jerárquica. Nada se expone en esa reestructura en cuanto a contenidos. Que debe hacer y cómo debe trabajar cada centro referente a lo educativo. Nos preocupa la poca intervención del sindicato en este tema. No se da la discusión en nuestra interna al respecto, por lo que sacamos en conclusión de que hay muy poco interés de escuchar la voz de los trabajadores en este tema que es de primordial importancia. Agregamos que en el borrador de reestructura, no figura el SIRPA dentro del INAU, y les recordamos a los compañeros que es decisión del Sindicato en Plenario Nacional de Delegados, órgano máximo de Dirección del Gremio, luchar por la no separación de SIRPA del resto del INAU.

Debemos crear instancias de discusión entre todos los trabajadores sobre todos estos temas, y ni siquiera sale el periódico gremial, lo que obtura las posibilidades de hacer circular la información y generar opinión en los trabajadores y también movilización de defensa de nuestros intereses.

                                                                    Jorge Pérez. Mayo 2012