La dialéctica de la inseguridad ciudadana.
Parte
III.
La lucha contra el lumpen proletariado.
….”cuando
los trabajadores que pasan hambre, dados sus bajos salarios, hacen una huelga,
su acción se deriva directamente de su situación económica. Lo mismo ocurre en
el caso del hambriento que roba. Para explicar el robo por el hambre o la
huelga por la explotación, no se necesita una explicación psicológica
suplementaria. En ambos casos la ideología y la acción corresponden a la
presión económica; situación económica e ideología se corresponden. La
psicología burguesa tiene por costumbre en estos casos el querer explicar
mediante la psicología por qué motivos, llamados irracionales, se ha ido a la
huelga o se ha robado, lo que conduce siempre a explicaciones reaccionarias.
Para
la psicología materialista dialéctica la cuestión es exactamente lo contrario:
lo que es necesario explicar no es que el hambriento robe o que el explotado se
declare en huelga, sino por qué la mayoría de los hambrientos no roban y por
qué la mayoría de los explotados no van a la huelga”.
Wilhelm Reich.
Psicología de masas del fascismo. Setiembre de 1933
Durante el desarrollo del
capitalismo en los países dependientes oprimidos por el imperialismo, las
diferentes clases sociales tienen comportamientos peculiares frente a la lucha
de clases en cada uno de ellos, determinados por el grado de desarrollo
económico de cada país, los resabios de feudalismo con la oligarquía
terrateniente y también por el grado de desarrollo de la conciencia de clase.
Hablamos de los factores objetivos y subjetivos que hacen que la revolución
avance, se estanque o incluso retroceda.
En el Uruguay debemos
partir de la base de que somos un país dependiente de capitalismo atrasado,
cada vez más endeudado con los organismos internacionales de crédito, con la
tierra cada vez más extranjerizada y jugado prácticamente por entero a la
inversión extranjera. Las prioridades del gobierno pseudo progresista del
Frente Amplio, que están marcadas por las de las clases dominantes y el
imperialismo, principalmente son tres en estos momentos: hacer la
infraestructura del “Ferrocarril Central”; infraestructura ferroviaria y
expropiaciones tendientes a asegurar los compromisos con UPM 2, que están
plasmados explícitamente en los artículos 151,152 y 310 del proyecto de Ley de
rendición de cuentas de 2018. A esto se suma la venta de tierras del Instituto
Nacional de Colonización en las cercanías de la futura planta de UPM. Dicha
empresa es el mejor postor que coloca a “Forestal Oriental” a plantar más
eucaliptos en busca de autoabastecimiento.
En este presupuesto hay
un mayor gasto en represión bajo el argumento de fortalecer la seguridad
pública. Se busca financiar al PADO con más equipamiento, recursos humanos y
servicios, siendo el Ministerio del Interior el ministerio con más recursos,
por lejos de esta rendición.
La otra pata del trípode “progresista” es
asegurar fondos para compromisos en endeudamiento exterior y financiamiento de
la Seguridad Social en déficit. Además se incrementa en 1440 millones de pesos
las privatizaciones mediante las PPP.
Sumamos a esto que la
gran mayoría de los trabajadores de nuestro país gana menos 22 mil pesos para
afrontar la salud, vivienda, vestimenta, alimentación y educación de sus hijos,
mientras la canasta básica familiar ya
está en los 79 mil pesos. La desocupación anda por el 9% en cifras oficiales
que seguramente es mucho más, contando que a 2018 son casi 40 mil trabajadores
que perdieron su trabajo o están en el seguro de paro.
Esto es causa de una
gran inseguridad ciudadana.
Según el Economista
José Antonio Rocca, en el 2005 en plena crisis la deuda pública rondaba los 14
mil millones de dólares. Las cifras oficiales de 2018 la multiplican por tres
aproximadamente, o sea que está llegando a 42 mil millones de dólares. Incluso,
según Rocca estos datos están sub valuados ya que muchos acuerdos de
participación pública privada esconden nuevas formas de endeudamiento no
registrado, ya que en los contratos se conceden beneficios futuros derivados de
los préstamos o inversiones.
El presentar las cifras
éstas como porcentaje del PBI no tiene solidez según el Economista citado ya
que el indicador sobre producción crece impulsado por servicios y actividades
en zonas francas que no aportan prácticamente nada a los ingresos del Estado.
Aun así, el ritmo del aumento del PBI es notoriamente menor al de la deuda. Además,
Uruguay ha firmado diversos acuerdos de protección mutua de inversiones que
entregan a organismos ajenos al país los
posibles litigios. También es notorio que las políticas del FMI y el Banco
Mundial protegen a todos los acreedores.
La estructura de
ingresos y gastos del Estado demuestra claramente que el pueblo trabajador
sostiene los impuestos de mayor recaudación y los grandes capitales mediante
zonas francas y privatizaciones de áreas
rentables, son beneficiados. Los salarios apenas representan el 17% del gasto
del Estado.
Además se dan
muchísimas dádivas al capital imperialista mediante quita de impuestos o
subvenciones a sus actividades, no pagan impuestos de exportación, etc., como
veremos en el cuadro que detallaremos a continuación, de donde se podrían sacar
dineros para lograr el 6% para la educación, el 1% para investigación que pide
la Universidad, fomentar el trabajo y la producción nacional, entre otros
beneficios para el pueblo.
Está claro, que estas
medidas del Gobierno “progresista”, tan neoliberales como la de los partidos
tradicionales y la nueva ultraderecha de Novick, no serían posibles sin resistencia popular,
de no ser porque el movimiento sindical está dirigido en su mayoría por
elementos oportunistas que buscan hacer carrera desde los gremios y son funcionales
a los sectores del Frente Amplio y defienden su política entreguista.
Entonces no debemos
dejar de lado un problema que hemos mencionado en otras oportunidades en que
tocamos el tema de la inseguridad y las movilizaciones de parte del pueblo pidiendo
más represión, acicateados por figuras referentes de los partidos reaccionarios
que en defensa de la sacrosanta propiedad privada, tratan de confundir la
defensa de la vida con la defensa de esa propiedad. Decíamos que no se apoyan
tanto las movilizaciones contra los femicidios, como las movilizaciones por la
defensa de los bienes materiales. Los hechos de Cassarino, son elocuentes: un
grupo de vecinos enardecidos por la comisión de una rapiña con violencia lleva
a una actitud grupal irracional que tiene como resultado además de la detención
de los autores del delito, a una especie de linchamiento de uno de los
infractores, (o casualidad consumidor de drogas), que por poco no termina con
la muerte del sujeto. Vecinos involucrados en el hecho quedan con un
antecedente por diversos delitos cometidos en la acción y la comunidad ya no
volverá a ser la misma, ya que ambas partes del conflicto viven en la misma
zona.
La irresponsabilidad de
quienes toman el problema de la seguridad ciudadana como catapulta de sus
intereses políticos o de sus intereses particulares, están llevando a que cada
vez sea más dificultoso recomponer el entramado social que se va deteriorando a
pasos agigantados por la crisis de valores y también económica que golpea a los
sectores populares y van generando mayores sentimientos de inseguridad en la
población. Pero debemos tener claro que los valores reaccionarios están
presentes en los relacionamientos sociales y es un fenómeno que hay que combatir
en forma rápida, pero reflexivamente. Sentir, pensar, hacer debería ser la forma
de encarar los problemas. ¿Qué significa esto?
Dominar nuestras emociones mediante un proceso reflexivo que nos lleve a
tomar las mejores decisiones para la
resolución de un conflicto. Discutir en colectivo y accionar de la misma forma,
tomando en cuenta el país que tenemos y acordar cómo cambiarlo para beneficio
del pueblo trabajador.
Si un hacendado mata a
su pareja en un Departamento del Interior y salvo los colectivos interesados en
la lucha contra los femicidios, no tuvo
eco en la población. Ni “vecinos en alerta”, ni “ciudades unidas” ni las
patrullas de vecinos de Toledo u otras
zonas toman como tarea la prevención de la violencia doméstica, ni apoyan a
obreros en huelga o que son mandados al seguro de paro. Es más, demuestran con
sus actitudes no estar contra la violencia sino contra los robos, encaran
unilateralmente el problema y de forma anti dialéctica.
Larrañaga, Novick,
Pedro Bordaberry, Lacalle Pou, Mieres, agentes
connotados de la reacción quieren el patrullaje militar, medidas más
reaccionarias, allanamientos nocturnos, razias, todas medidas que ya conocemos
y que no terminan con la infracción a la
lay penal por parte de gran parte de la población que es condenada al hambre y
la miseria por el sistema injusto de apropiación y distribución de la riqueza
de nuestro país. Porque quien delinque a gran escala como el narcotraficante, lo
hace también a través de la violencia y sin embargo no está en la agenda de “vecinos en alerta” u otros colectivos que se
mueven por estos motivos. Nadie habla
del tráfico de drogas, que destruye a tantos jóvenes uruguayos, que son los que
luego para seguir en la trampa del consumo una vez que caen en la adicción,
cometen delitos contra la propiedad, son violentos y cometen acciones que
destruyen familias también (incluyendo la propia), y contra estos últimos sí se
pide mano dura.. Hay que pensar más allá de la inmediatez del problema,
descubrir la esencia luego de ver su apariencia. Las causas profundas de un
sentimiento de inseguridad que no nos permite vivir disfrutando las cosas
buenas.
Si a esto le sumamos
falta de conocimiento del problema de
quienes están tomando en el campo popular el tema de la inseguridad ciudadana
para abordar el problema con relativa eficacia, y le sumamos también el hecho
de que gran parte de la policía no tiene la pericia suficiente como para
prevenir y combatir el delito (contando el caso de la mujer policía que en un
tiroteo termina dando muerte a un turista brasilero en Pocitos que estaba en
una ventana de un primer piso, y al policía que en un allanamiento hiere a un
compañero con una bala de escopeta cuando se le escapa el disparo), además de
las dificultades que están demostrando en las investigaciones de muchos casos
debemos pensar que no nos dará mucha más seguridad tener las calles llenas de
agentes represivos.
En el caso muy
publicitado en los medios informativos de la “Mansión del Sexo” en Punta del
Este en uno de los barrios más bacanes del balneario más exclusivo de nuestro
país, nadie se movilizó para que la “reina gitana” dijera toda la trama oscura
que involucra a un ministro menemista, empresarios brasileros y otros en una
sórdida trama que nadie sabrá cómo empezó realmente, ni cómo va a terminar.
Esto demuestra que el lumpen proletariado tiene diferentes diferentes
manifestaciones según los contactos a los que pueda acceder. No hay
movilizaciones para que se sepa que hay en las múltiples cámaras que había en
las piezas de la “mansión del sexo”.
Hay que tener en cuenta
que el lumpen proletariado puede tener más bienes materiales que el
proletariado, e incluso que muchos burgueses nacionales, pero ni los produce
trabajando, ni usa medios de producción (por lo menos los clásicos, los
legales) para la obtención de los mismos hasta que logra con ayuda de grandes
burgueses ir lavando el dinero acumulado. De todas maneras está al margen del
sistema social de producción, apropiación y distribución de la riqueza, tal
cual la conocemos los que sí vivimos de nuestro trabajo. Se incluye socialmente
a través de la compra de bienes y servicios, con dinero obtenido de sus
actividades ilícitas, y muy pocos de ellos caen en la cárcel. Las cárceles del
sistema están hechas para los delincuentes pobres y con muy pocos o ningún
contacto con el poder económico y político. Entonces, la clase trabajadora debe crear métodos para disminuir el número
de lumpen proletariado con estrategias de inclusión social, inclusión en el
mercado laboral, la educación pública formal, y la recreación y el deporte,
desde edades muy tempranas.
Como construir un contexto seguro.
El proletariado debe
tomar la vanguardia en el encare de este problema. La clase trabajadora tiene
vivencias permanentes en relación al problema que conforman una acumulación de
aprendizajes vitales suficientes como para encarar el problema de la violencia
existente, que conforma un cuadro de inseguridad en el cuerpo social.
Está faltando
iniciativa, involucrarse en la experimentación de proyectos inclusivos y
preventivos del accionar de los sectores marginados de las actividades educativas
y del mundo del trabajo con contenido ideológico popular. Las recetas
progresista y de los organismos internacionales de crédito, de las ONGs
bancadas desde el exterior o por el propio estado, no dan los resultados
esperados. No lo pueden hacer desde una visión burguesa, porque el propio
sistema capitalista es un sistema que excluye y condena a la pobreza a miles y
miles de trabajadores, lo que hace imposible prácticamente insertar al mercado
de trabajo a quienes nunca han ingresado. Por algo los mayores índices de
desocupación se dan en las franjas de la población más joven en edad de
trabajar.
La movilización como acción de denuncia del
problema está bien, pero es una etapa ya superada y quedaron demostradas las
limitaciones de las autoridades en el accionar preventivo y represivo. Las
manifestaciones de referentes políticos como el Intendente de Canelones,
diciendo que “somos nosotros o ellos” cuando el caso del balneario San Luis son desgraciadas, generan malestar,
producen más violencias y dificultan la inclusión social de los más
desposeídos, al ser imitados por los grupos de vecinos que con argumentos en
cierta medida válidos, en la mayoría de los casos piden más represión y dureza
en la intervención de la policía, y siempre quedan desconformes con el accionar
de la Justicia. Estas manifestaciones de Orsi, dan por descontado que debe
haber un otro excluido, que hay que
sacar de circulación del contexto social.
La cárcel como solución del malestar en la sociedad.
El sistema carcelario
de nuestro país, es uno de los peores como todos los de los países oprimidos
con bajo presupuesto. Hay planes privatizadores
del progresismo para la administración de nuevas cárceles en la creencia que el
sistema actual no funciona por estar en manos del Estado. Otro mandato de los
organismos internacionales de crédito.
Pero el daño psicosocial del encierro es irreparable la
gran mayoría de las veces para los individuos que caen en la privación de
libertad. Podemos decir que tiene cierta veracidad el dicho popular que la
cárcel es escuela de delincuencia. Decimos por lo menos que no ayuda a la
inserción social de los reclusos liberados, y esto lo podemos comprobar con el
aumento de los liberados que terminan en situación de calle o terminan en
viviendas precarias en los asentamientos de la ciudad pero ahora también en el
interior, y por supuesto aumentando los índices de reincidencia.
La subcultura
carcelaria impone su lenguaje propio, sus códigos de convivencia basados en la
ley del más fuerte y la resolución de conflictos basada en la eliminación de
uno de los polos de la contradicción, conductas que se traspolan a lo social
amplio cuando los sujetos liberados llevan esas matrices al barrio al que
regresan, a la ciudad que habitan.
La experiencia
demuestra que la sanción sin educación integral, sin intervenciones interdisciplinarias
con los hombres y mujeres en privación de libertad, y una sociedad
económicamente andando, con su aparato productivo funcionando que permita un
lugar de inserción laboral y social acompañada durante los primeros tiempos, no
se obtendrán resultados alentadores para los próximos diez o veinte años por lo
menos en referencia a la minimización de la infracción penal en nuestro país.
El papel de los distintos actores sociales en el problema.
Esto también tiene su
correlato con la crisis de la industria manufacturera, la pérdida de casi 40
mil puestos de trabajo en los últimos cuatro años y que no se defiende el
trabajo y la producción nacional. En un panorama de crisis en la industria
lechera, donde han cerrado empresas importantes de industrialización de la
leche, la última PILI con una deuda de 40 millones de dólares con el Banco
República mandando a más de 300 trabajadores al seguro de paro, antes fue
ECOLAT, GREENFROZEN, la industria del cuero y textiles en plena decadencia,
baja de la actividad en la industria de la construcción, y la metalúrgica
generan un panorama desalentador para el desarrollo seguro de la clase
trabajadora y el pueblo.
La insuficiente ayuda
social del estado no da para cubrir los costos de vivienda y alimentación, y la
salud pública cada vez más precarizada, porque el sistema único integrado de
salud está concebido para ayudar a que las mutualistas privadas no vayan a la
quiebra.
El déficit del BPS
recorta la ayuda del estado a la población en situación de riesgo social, que
va en aumento por la crisis de la industria manufacturera, los hechos de
corrupción como el caso FRIPUR, cuyos dueños no pagaron la deuda con el Banco
República, de 40 millones de dólares, le deben otros 30 a la banca privada y en
lugar de reabrir la planta de procesamiento de pescado pusieron un parque
eólico y le venden electricidad a UTE y llevan ya ganados millones de dólares,
sin explicación del Estado de cómo puede suceder una cosa así.
El gran ejército de
reserva de la clase trabajadora, las nuevas tecnologías y los nuevos métodos de
producción del capital imperialista que se instala en nuestro país, diseñado
para producir con cada vez menos trabajo humano, obturan junto a la negativa de
los empresarios de insertar en sus fábricas a quienes tengan antecedentes
penales, la posibilidad de inserción de liberados al mercado de trabajo. La
brecha entre los más ricos y los que menos tienen se agranda cada vez más, y
este problema está atado a la infracción a la ley penal, a las personas
viviendo en situación de calle, a la pobreza extrema, aunque se hagan
artilugios con los números para intentar demostrar que en este Uruguay vivimos
mejor.
No concebimos la idea
de que para que un ciudadano pueda ejercer su derecho al trabajo, el Estado
deba exonerar de impuestos a un capitalista, que luego ni siquiera cumple una
vez que el sujeto en cuestión ingresa, en controlar si falta, o produce, etc.
Debería desde ya, ser una condición impuesta por ley, la inclusión de liberados
en la plantilla de trabajadores de toda empresa, en un porcentaje a determinar.
El control de las autoridades correspondientes debe ser serio y apuntando a
favorecer un desarrollo inclusivo del individuo en la sociedad, teniendo necesariamente
que atenderse las actividades educativas para el desarrollo de habilidades en
todos los individuos integrados socialmente.
La reducción de la
jornada de trabajo de 8 a 6 horas para crear un turno más bajaría los índices
de desocupación; terminar con las exoneraciones de impuestos y la intervención
estatal con participación obrera de las industrias que se declaren en quiebra o
concordato es una propuesta mucho más justa que darle dinero a esas empresas
que ya tomaron los préstamos salvavidas para quedarse con el dinero y dejar de
producir de todas maneras.
En el capitalismo las empresas dan quiebra y
los dueños se enriquecen con los dineros del Estado, que son los dineros de los
trabajadores, es vieja cosa sabida.
Jorge
Pérez
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