martes, 28 de agosto de 2018


La dialéctica de la inseguridad ciudadana. 
Parte III.

La lucha contra el lumpen proletariado.


….”cuando los trabajadores que pasan hambre, dados sus bajos salarios, hacen una huelga, su acción se deriva directamente de su situación económica. Lo mismo ocurre en el caso del hambriento que roba. Para explicar el robo por el hambre o la huelga por la explotación, no se necesita una explicación psicológica suplementaria. En ambos casos la ideología y la acción corresponden a la presión económica; situación económica e ideología se corresponden. La psicología burguesa tiene por costumbre en estos casos el querer explicar mediante la psicología por qué motivos, llamados irracionales, se ha ido a la huelga o se ha robado, lo que conduce siempre a explicaciones reaccionarias.
Para la psicología materialista dialéctica la cuestión es exactamente lo contrario: lo que es necesario explicar no es que el hambriento robe o que el explotado se declare en huelga, sino por qué la mayoría de los hambrientos no roban y por qué la mayoría de los explotados no van a la huelga”.
                               
Wilhelm Reich. Psicología de masas del fascismo. Setiembre de 1933


Durante el desarrollo del capitalismo en los países dependientes oprimidos por el imperialismo, las diferentes clases sociales tienen comportamientos peculiares frente a la lucha de clases en cada uno de ellos, determinados por el grado de desarrollo económico de cada país, los resabios de feudalismo con la oligarquía terrateniente y también por el grado de desarrollo de la conciencia de clase. Hablamos de los factores objetivos y subjetivos que hacen que la revolución avance, se estanque o incluso retroceda.
En el Uruguay debemos partir de la base de que somos un país dependiente de capitalismo atrasado, cada vez más endeudado con los organismos internacionales de crédito, con la tierra cada vez más extranjerizada y jugado prácticamente por entero a la inversión extranjera. Las prioridades del gobierno pseudo progresista del Frente Amplio, que están marcadas por las de las clases dominantes y el imperialismo, principalmente son tres en estos momentos: hacer la infraestructura del “Ferrocarril Central”; infraestructura ferroviaria y expropiaciones tendientes a asegurar los compromisos con UPM 2, que están plasmados explícitamente en los artículos 151,152 y 310 del proyecto de Ley de rendición de cuentas de 2018. A esto se suma la venta de tierras del Instituto Nacional de Colonización en las cercanías de la futura planta de UPM. Dicha empresa es el mejor postor que coloca a “Forestal Oriental” a plantar más eucaliptos en busca de autoabastecimiento.
En este presupuesto hay un mayor gasto en represión bajo el argumento de fortalecer la seguridad pública. Se busca financiar al PADO con más equipamiento, recursos humanos y servicios, siendo el Ministerio del Interior el ministerio con más recursos, por lejos de esta rendición.
 La otra pata del trípode “progresista” es asegurar fondos para compromisos en endeudamiento exterior y financiamiento de la Seguridad Social en déficit. Además se incrementa en 1440 millones de pesos las privatizaciones mediante las PPP.
Sumamos a esto que la gran mayoría de los trabajadores de nuestro país gana menos 22 mil pesos para afrontar la salud, vivienda, vestimenta, alimentación y educación de sus hijos, mientras la canasta básica familiar  ya está en los 79 mil pesos. La desocupación anda por el 9% en cifras oficiales que seguramente es mucho más, contando que a 2018 son casi 40 mil trabajadores que perdieron su trabajo o están en el seguro de paro.
Esto es causa de una gran inseguridad ciudadana.
Según el Economista José Antonio Rocca, en el 2005 en plena crisis la deuda pública rondaba los 14 mil millones de dólares. Las cifras oficiales de 2018 la multiplican por tres aproximadamente, o sea que está llegando a 42 mil millones de dólares. Incluso, según Rocca estos datos están sub valuados ya que muchos acuerdos de participación pública privada esconden nuevas formas de endeudamiento no registrado, ya que en los contratos se conceden beneficios futuros derivados de los préstamos o inversiones.
El presentar las cifras éstas como porcentaje del PBI no tiene solidez según el Economista citado ya que el indicador sobre producción crece impulsado por servicios y actividades en zonas francas que no aportan prácticamente nada a los ingresos del Estado. Aun así, el ritmo del aumento del PBI es notoriamente menor al de la deuda. Además, Uruguay ha firmado diversos acuerdos de protección mutua de inversiones que entregan  a organismos ajenos al país los posibles litigios. También es notorio que las políticas del FMI y el Banco Mundial protegen a todos los acreedores.
La estructura de ingresos y gastos del Estado demuestra claramente que el pueblo trabajador sostiene los impuestos de mayor recaudación y los grandes capitales mediante zonas francas y  privatizaciones de áreas rentables, son beneficiados. Los salarios apenas representan el 17% del gasto del Estado.
Además se dan muchísimas dádivas al capital imperialista mediante quita de impuestos o subvenciones a sus actividades, no pagan impuestos de exportación, etc., como veremos en el cuadro que detallaremos a continuación, de donde se podrían sacar dineros para lograr el 6% para la educación, el 1% para investigación que pide la Universidad, fomentar el trabajo y la producción nacional, entre otros beneficios para el pueblo.


Está claro, que estas medidas del Gobierno “progresista”, tan neoliberales como la de los partidos tradicionales y la nueva ultraderecha de Novick,  no serían posibles sin resistencia popular, de no ser porque el movimiento sindical está dirigido en su mayoría por elementos oportunistas que buscan hacer carrera desde los gremios y son funcionales a los sectores del Frente Amplio y defienden su política entreguista. 
Entonces no debemos dejar de lado un problema que hemos mencionado en otras oportunidades en que tocamos el tema de la inseguridad y las movilizaciones de parte del pueblo pidiendo más represión, acicateados por figuras referentes de los partidos reaccionarios que en defensa de la sacrosanta propiedad privada, tratan de confundir la defensa de la vida con la defensa de esa propiedad. Decíamos que no se apoyan tanto las movilizaciones contra los femicidios, como las movilizaciones por la defensa de los bienes materiales. Los hechos de Cassarino, son elocuentes: un grupo de vecinos enardecidos por la comisión de una rapiña con violencia lleva a una actitud grupal irracional que tiene como resultado además de la detención de los autores del delito, a una especie de linchamiento de uno de los infractores, (o casualidad consumidor de drogas), que por poco no termina con la muerte del sujeto. Vecinos involucrados en el hecho quedan con un antecedente por diversos delitos cometidos en la acción y la comunidad ya no volverá a ser la misma, ya que ambas partes del conflicto viven en la misma zona.
La irresponsabilidad de quienes toman el problema de la seguridad ciudadana como catapulta de sus intereses políticos o de sus intereses particulares, están llevando a que cada vez sea más dificultoso recomponer el entramado social que se va deteriorando a pasos agigantados por la crisis de valores y también económica que golpea a los sectores populares y van generando mayores sentimientos de inseguridad en la población. Pero debemos tener claro que los valores reaccionarios están presentes en los relacionamientos sociales y es un fenómeno que hay que combatir en forma rápida, pero reflexivamente. Sentir, pensar, hacer debería ser la forma de encarar los problemas. ¿Qué significa esto?  Dominar nuestras emociones mediante un proceso reflexivo que nos lleve a tomar las mejores decisiones  para la resolución de un conflicto. Discutir en colectivo y accionar de la misma forma, tomando en cuenta el país que tenemos y acordar cómo cambiarlo para beneficio del pueblo trabajador.
Si un hacendado mata a su pareja en un Departamento del Interior y salvo los colectivos interesados en la lucha contra los femicidios,  no tuvo eco en la población. Ni “vecinos en alerta”, ni “ciudades unidas” ni las patrullas de vecinos de  Toledo u otras zonas toman como tarea la prevención de la violencia doméstica, ni apoyan a obreros en huelga o que son mandados al seguro de paro. Es más, demuestran con sus actitudes no estar contra la violencia sino contra los robos, encaran unilateralmente el problema y de forma anti dialéctica.
Larrañaga, Novick, Pedro Bordaberry, Lacalle Pou, Mieres,  agentes connotados de la reacción quieren el patrullaje militar, medidas más reaccionarias, allanamientos nocturnos, razias, todas medidas que ya conocemos y que no  terminan con la infracción a la lay penal por parte de gran parte de la población que es condenada al hambre y la miseria por el sistema injusto de apropiación y distribución de la riqueza de nuestro país. Porque quien delinque a gran escala como el narcotraficante, lo hace también a través de la violencia y sin embargo no está en la agenda de  “vecinos en alerta” u otros colectivos que se mueven por  estos motivos. Nadie habla del tráfico de drogas, que destruye a tantos jóvenes uruguayos, que son los que luego para seguir en la trampa del consumo una vez que caen en la adicción, cometen delitos contra la propiedad, son violentos y cometen acciones que destruyen familias también (incluyendo la propia), y contra estos últimos sí se pide mano dura.. Hay que pensar más allá de la inmediatez del problema, descubrir la esencia luego de ver su apariencia. Las causas profundas de un sentimiento de inseguridad que no nos permite vivir disfrutando las cosas buenas.
Si a esto le sumamos falta de  conocimiento del problema de quienes están tomando en el campo popular el tema de la inseguridad ciudadana para abordar el problema con relativa eficacia, y le sumamos también el hecho de que gran parte de la policía no tiene la pericia suficiente como para prevenir y combatir el delito (contando el caso de la mujer policía que en un tiroteo termina dando muerte a un turista brasilero en Pocitos que estaba en una ventana de un primer piso, y al policía que en un allanamiento hiere a un compañero con una bala de escopeta cuando se le escapa el disparo), además de las dificultades que están demostrando en las investigaciones de muchos casos debemos pensar que no nos dará mucha más seguridad tener las calles llenas de agentes represivos.
En el caso muy publicitado en los medios informativos de la “Mansión del Sexo” en Punta del Este en uno de los barrios más bacanes del balneario más exclusivo de nuestro país, nadie se movilizó para que la “reina gitana” dijera toda la trama oscura que involucra a un ministro menemista, empresarios brasileros y otros en una sórdida trama que nadie sabrá cómo empezó realmente, ni cómo va a terminar. Esto demuestra que el lumpen proletariado tiene diferentes diferentes manifestaciones según los contactos a los que pueda acceder. No hay movilizaciones para que se sepa que hay en las múltiples cámaras que había en las piezas de la “mansión del sexo”.
Hay que tener en cuenta que el lumpen proletariado puede tener más bienes materiales que el proletariado, e incluso que muchos burgueses nacionales, pero ni los produce trabajando, ni usa medios de producción (por lo menos los clásicos, los legales) para la obtención de los mismos hasta que logra con ayuda de grandes burgueses ir lavando el dinero acumulado. De todas maneras está al margen del sistema social de producción, apropiación y distribución de la riqueza, tal cual la conocemos los que sí vivimos de nuestro trabajo. Se incluye socialmente a través de la compra de bienes y servicios, con dinero obtenido de sus actividades ilícitas, y muy pocos de ellos caen en la cárcel. Las cárceles del sistema están hechas para los delincuentes pobres y con muy pocos o ningún contacto con el poder económico y político. Entonces, la clase trabajadora  debe crear métodos para disminuir el número de lumpen proletariado con estrategias de inclusión social, inclusión en el mercado laboral, la educación pública formal, y la recreación y el deporte, desde edades muy tempranas.

Como construir un contexto seguro.

El proletariado debe tomar la vanguardia en el encare de este problema. La clase trabajadora tiene vivencias permanentes en relación al problema que conforman una acumulación de aprendizajes vitales suficientes como para encarar el problema de la violencia existente, que conforma un cuadro de inseguridad en el cuerpo social.
Está faltando iniciativa, involucrarse en la experimentación de proyectos inclusivos y preventivos del accionar de los sectores marginados de las actividades educativas y del mundo del trabajo con contenido ideológico popular. Las recetas progresista y de los organismos internacionales de crédito, de las ONGs bancadas desde el exterior o por el propio estado, no dan los resultados esperados. No lo pueden hacer desde una visión burguesa, porque el propio sistema capitalista es un sistema que excluye y condena a la pobreza a miles y miles de trabajadores, lo que hace imposible prácticamente insertar al mercado de trabajo a quienes nunca han ingresado. Por algo los mayores índices de desocupación se dan en las franjas de la población más joven en edad de trabajar.
La  movilización como acción de denuncia del problema está bien, pero es una etapa ya superada y quedaron demostradas las limitaciones de las autoridades en el accionar preventivo y represivo. Las manifestaciones de referentes políticos como el Intendente de Canelones, diciendo que “somos nosotros o ellos” cuando el caso del balneario  San Luis son desgraciadas, generan malestar, producen más violencias y dificultan la inclusión social de los más desposeídos, al ser imitados por los grupos de vecinos que con argumentos en cierta medida válidos, en la mayoría de los casos piden más represión y dureza en la intervención de la policía, y siempre quedan desconformes con el accionar de la Justicia. Estas manifestaciones de Orsi, dan por descontado que debe haber un otro excluido,  que hay que sacar de circulación del contexto social.

La cárcel como solución del malestar en la sociedad.

El sistema carcelario de nuestro país, es uno de los peores como todos los de los países oprimidos con bajo presupuesto.  Hay planes privatizadores del progresismo para la administración de nuevas cárceles en la creencia que el sistema actual no funciona por estar en manos del Estado. Otro mandato de los organismos internacionales de crédito.
Pero el  daño psicosocial del encierro es irreparable la gran mayoría de las veces para los individuos que caen en la privación de libertad. Podemos decir que tiene cierta veracidad el dicho popular que la cárcel es escuela de delincuencia. Decimos por lo menos que no ayuda a la inserción social de los reclusos liberados, y esto lo podemos comprobar con el aumento de los liberados que terminan en situación de calle o terminan en viviendas precarias en los asentamientos de la ciudad pero ahora también en el interior, y por supuesto aumentando los índices de reincidencia.
La subcultura carcelaria impone su lenguaje propio, sus códigos de convivencia basados en la ley del más fuerte y la resolución de conflictos basada en la eliminación de uno de los polos de la contradicción, conductas que se traspolan a lo social amplio cuando los sujetos liberados llevan esas matrices al barrio al que regresan, a la ciudad que habitan.
La experiencia demuestra que la sanción sin educación integral, sin intervenciones interdisciplinarias con los hombres y mujeres en privación de libertad, y una sociedad económicamente andando, con su aparato productivo funcionando que permita un lugar de inserción laboral y social acompañada durante los primeros tiempos, no se obtendrán resultados alentadores para los próximos diez o veinte años por lo menos en referencia a la minimización de la infracción penal en nuestro país.
El papel de los distintos actores sociales en el problema.
Esto también tiene su correlato con la crisis de la industria manufacturera, la pérdida de casi 40 mil puestos de trabajo en los últimos cuatro años y que no se defiende el trabajo y la producción nacional. En un panorama de crisis en la industria lechera, donde han cerrado empresas importantes de industrialización de la leche, la última PILI con una deuda de 40 millones de dólares con el Banco República mandando a más de 300 trabajadores al seguro de paro, antes fue ECOLAT, GREENFROZEN, la industria del cuero y textiles en plena decadencia, baja de la actividad en la industria de la construcción, y la metalúrgica generan un panorama desalentador para el desarrollo seguro de la clase trabajadora y el pueblo.
La insuficiente ayuda social del estado no da para cubrir los costos de vivienda y alimentación, y la salud pública cada vez más precarizada, porque el sistema único integrado de salud está concebido para ayudar a que las mutualistas privadas no vayan a la quiebra.
El déficit del BPS recorta la ayuda del estado a la población en situación de riesgo social, que va en aumento por la crisis de la industria manufacturera, los hechos de corrupción como el caso FRIPUR, cuyos dueños no pagaron la deuda con el Banco República, de 40 millones de dólares, le deben otros 30 a la banca privada y en lugar de reabrir la planta de procesamiento de pescado pusieron un parque eólico y le venden electricidad a UTE y llevan ya ganados millones de dólares, sin explicación del Estado de cómo puede suceder una cosa así.
El gran ejército de reserva de la clase trabajadora, las nuevas tecnologías y los nuevos métodos de producción del capital imperialista que se instala en nuestro país, diseñado para producir con cada vez menos trabajo humano, obturan junto a la negativa de los empresarios de insertar en sus fábricas a quienes tengan antecedentes penales, la posibilidad de inserción de liberados al mercado de trabajo. La brecha entre los más ricos y los que menos tienen se agranda cada vez más, y este problema está atado a la infracción a la ley penal, a las personas viviendo en situación de calle, a la pobreza extrema, aunque se hagan artilugios con los números para intentar demostrar que en este Uruguay vivimos mejor.
No concebimos la idea de que para que un ciudadano pueda ejercer su derecho al trabajo, el Estado deba exonerar de impuestos a un capitalista, que luego ni siquiera cumple una vez que el sujeto en cuestión ingresa, en controlar si falta, o produce, etc. Debería desde ya, ser una condición impuesta por ley, la inclusión de liberados en la plantilla de trabajadores de toda empresa, en un porcentaje a determinar. El control de las autoridades correspondientes debe ser serio y apuntando a favorecer un desarrollo inclusivo del individuo en la sociedad, teniendo necesariamente que atenderse las actividades educativas para el desarrollo de habilidades en todos los individuos integrados socialmente.
La reducción de la jornada de trabajo de 8 a 6 horas para crear un turno más bajaría los índices de desocupación; terminar con las exoneraciones de impuestos y la intervención estatal con participación obrera de las industrias que se declaren en quiebra o concordato es una propuesta mucho más justa que darle dinero a esas empresas que ya tomaron los préstamos salvavidas para quedarse con el dinero y dejar de producir de todas maneras.
 En el capitalismo las empresas dan quiebra y los dueños se enriquecen con los dineros del Estado, que son los dineros de los trabajadores, es vieja cosa sabida.
                                                                                                              Jorge Pérez

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